La Oficina Anticorrupción del Gobierno Nacional, que preside Laura Alonso, consideró que hay elementos para mantener en secreto los alcances del contrato entre la petrolera estatal YPF y la multinacional Chevron.  La Corte Suprema había fallado a favor del por entonces senador nacional Rubén Giustiniani, quién había pedido poder acceder a la totalidad del contrato firmado entre las petroleras.

"En un hecho de gravedad institucional inusitada, la oficina Anticorrupción del Gobierno Nacional avala la violación del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que el 10 de noviembre pasado ordenó hacer público el contrato entre YPF y Chevron”, señaló el diputado provincial socialista, quien en el año 2013 había iniciado la causa para poder acceder a la totalidad del contrato firmado entre las petroleras y que la Corte Suprema resolvió a favor del legislador en un fallo histórico que sienta un precedente fundamental respecto al derecho de acceso a la información en favor de los ciudadanos.

“´El derecho a la información es del pueblo´, dijo la Corte en un fallo histórico que sigue incumpliéndose. Una concesión por 35 años sin licitación de los recursos naturales más ricos del país, llama la atención que se quiera mantener oculto a la sociedad", concluyó el legislador.

A fines de febrero, Rubén Giustiniani, acompañado por otros dirigentes de diferente color político, se presentó en el juzgado donde YPF depositó el contrato con la petrolera de origen estadounidense. Pero se fue con las manos vacías. La jueza María Cristina Carrión de Lorenzo explicó entonces que debían pasar tres días para entregar el documento.

“La jueza nos dice que tiene tres días para producir despacho para entregarnos la copia del contrato con Chevron que YPF depositó en el juzgado. Le pedimos la máxima celeridad. En tres días volvemos acá”, afirmó el diputado socialista que se ocupa del tema desde sus tiempos como Senador Nacional, mandato que terminó en diciembre pasado. 

Sin embargo, el pedido del legislador todavía no fue considerado por la jueza María Cristina Carrión de Lorenzo.