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El conflicto por el terreno de La Toma llegó al Congreso de la Nación

La Cámara de Diputados de la Nación en su totalidad firmó esta semana una declaración de beneplácito y exhorto para que el Gobierno Nacional asuma la hipoteca de La Toma por la función social desarrollada por sus trabajadores en Rosario. Es un paso más en el conflito que lleva largos años y que no le permite despegar al Centro Cultural de Tucumán al 1300.

Con esta resolución, que fue acordada por todos los diputados el pasado martes en Comisión de asuntos cooperativos y mutualidad y el miércoles sobre tablas, la pelea de La Toma por la hipoteca del edificio se volvió un asunto de interés nacional.

“Se suma a los apoyos que ya hemos recibido, también de forma unánime, por el Concejo Municipal y Diputados provinciales, en base a la propuesta que surgió por parte del propio gobernador Miguel Lifschitz hace tres años de que el Estado en cualquiera de sus tres niveles se haga cargo de pagar la hipoteca”, destacó el referente de La Toma, Carlos Ghioldi en diálogo con Rosarioplus.com.

La hipoteca se encuentra impaga desde 1993, luego de la quiebra del supermercado El Tigre que funcionaba en el inmueble, y pasó a manos de siete bancos diferentes que fueron quebrando. 

Sedesa es el fondo residual de garantía bancaria que continúa reclamando una deuda de 27 años, y que "se niega a considerar esa salida a pesar de que se buscó negociar", aseguró Ghioldi, quien al mismo tiempo adelantó: "Llevaremos al juzgado este pedido de todos los legisladores nacionales como hicimos con el resto".

En tanto, aseveró: "No se trata de una expropiación, pero es un paso grande para que este asunto de la hipoteca sea de importancia desde Ushuaia a La Quiaca".

En diciembre habrá cambios de gobierno y el Ghioldi espera "que este acompañamiento del gobierno provincial continúe, que confiamos sucederá ya que Omar Perotti estuvo hace dos semanas en La Toma y conoce muy bien nuestro conflicto, así como Pablo Javkin que ha venido desde sus primeros años en la política".

En julio pasado se conoció que hubo un nuevo pedido de desalojo del inmueble por parte de la empresa Seguro de Depósitos S.A (Sedesa). 

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