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Dólares, Recoleta y viaje a Italia: así funcionaba el plan de extorsión de los fiscales

La audiencia que desembocó en la imputación penal y prisión preventiva del fiscal Ponce Asahad ventiló detalles del vínculo de este funcionario y de su jefe, Patricio Serjal, con un capitalista del juego clandestino

El jefe de los fiscales de Rosario y la región arrancó aquella jornada con un inesperado viaje a la Ciudad de Buenos Aires. En los días previos al fin de semana largo, por el feriado del lunes 18 de noviembre por el Día de la Soberanía Nacional, en conmemoración de la heróica Batalla de la Vuelta de Obligado, Patricio Serjal se alojó en el Hotel Etoile de la calle Presidente Roberto Ortiz al 1800.

Lejos de la juridiscción donde tiene influencia y responsabilidades, el sampedrino esperó impaciente la llegada de su cliente, Leonardo Andrés Peiti. El empresario de juegos clandestinos arribó al hospedaje, ubicado en el próspero barrio de Recoleta, solamente para recibir una nueva indicación: a partir de ahora la cuota se abonaría de forma períodica y con una actualización (cabe recordar que tras las PASO, el dólar se disparó).

El breve encuentro entre el fiscal Regional de Rosario y el capo del juego ilegal en el Gran Rosario el 14 de noviembre de 2019, permitió afianzar una relación de extorsión que llevaba varios meses y sumó varios episodios hasta que los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos destaparon la olla.

Los pagos

Para hacer cumplir el pacto de Recoleta, Serjal designó a su colega Gustavo Ponce Asahad. El fiscal que estuvo a cargo de hacer cumplir la cuarentena obligatoria en Rosario, se encontró en distintas oportunidades con Peiti a los fines de recibir el dinero acordado y transmitir información relevante como parte del servicio ofrecido.

Uno de esos encuentros ocurrió el jueves 9 de julio de 2020 a las 12.25 aproximadamente, cuando el empresario concurrió al Pasaje Rosales (una pequeña cortada paralela a Balcarce, entre 3 de Febrero y 9 de Julio) y acordaron que serían entregados 10 mil dólares ese mismo día. A las 18, las partes se volvieron a encontrar en la sede del Círculo Argentino Árabe de Rosario, Dorrego al 1200, para realizar el intercambio de los billetes verdes.

En otras oportunidades, Ponce Asahad y Peiti se reunían en Oroño esquina Mendoza. Durante el 2019 el fiscal le solicitó dinero para viajar a Italia, por lo tanto algunos pagos de las cuotas mensuales se realizaron en euros.

"Creemos que había una recepción de dinero y entendemos que hubo repartos", afirmó el fiscal Luis Schiappa Pietra, en referencia al motín que negoció Serjal y cobraba Ponce Asahad.

El servicio

El pago del dinero pautado se realizaba en tiempo y forma, por lo tanto, los fiscales tenían que empezar a prestar servicios.

El 16 de junio de 2020, Serjal concurrió al Organismo de Investigación de la Fiscalía y observó un diagrama de la estructura que era objeto de investigación que tenia como sospechosa a una asociación ilícita integrada por varias personas entre las que se encontraba Peiti y Alberto Tortajada (abogado del empresario). Al otro día, el 17 de junio, concurrieron a dicha dependencia el jefe de los fiscales y su colega Ponce Asahad y se impusieron ante la pesquisa sugiriendo reiteradamente que el empresario apuntado por la Justicia era una víctima.

Anteriormente, el 30 de junio, Ponce Asahad le informó a su cliente de la existencia de esa investigación que lo tenía como sospechoso y le advirtió sobre posibles intervenciones de comunicaciones. En esas circunstancias, el fiscal le aconsejó a Peiti que rompa su teléfono y lo cambie por otro. Por supuesto, el empresario acató la recomendación de su contacto en el Ministerio Público de la Acusación.

A pesar de mantener el acuerdo por los pagos mensuales, ante la aparición de una investigación concreta contra la red de juego clandestino, los fiscales le exigieron a Peiti una suma de 100 mil dólares para evitar que la causa prospere.

El peón

Además de los acusadores del MPA, el secretario de Ponce Asahad, Nelson Ugolini, se encargaba de filtrar información de la Fiscalía cuando sus jefes estaban en otros asuntos, como por ejemplo cumplir con su deber de funcionario público.

En una oportunidad, el asesor le informó a Peiti sobre una causa que tenía como sospechosos a otras dos personas, las cuales habían sido detenidas en fecha 8 de enero de 2020 por portar armas de fuego sin la debida autorización legal. Lo hizo remitiendo imágenes de pantalla que contenían la información requerida y entregada por medio de la aplicación WhatsApp.

Ugolini le remitió el 18 de febrero al empresario un mensaje en el cual le informaba sobre las causas que podrían tenerlo como sospechoso. Además, el 8 de marzo, el secretario anticipó información sobre domicilios que serían allanados en los cuales funcionarían salas de juego clandestino. En dicho período, Ponce Asahad tenía a su cargo la oficina de "Trámite de solicitudes jurisdiccionales acciones de Hábeas Corpus preventivos, colaboración de extraña jurisdicción de ejecución penal del MPA”.

"A ambos imputados se les atribuye en cumplimiento del plan común pergeñado, haber omitido actos propios de sus funciones que debían realizar conforme el cargo y la función que ostentaban", señalaron desde el Ministerio Público de la Acusación, en base a la acusación de los fiscales, y agregaron: "A sabiendas de que Leonardo P. estaba siendo víctima de hechos violentos contra su persona en los que Maximiliano D. (ya imputado) y/o allegados a él le reclamaban dinero a cambio de no dañarlo o a su familia, así los imputados no iniciaron una investigación penal y no dieron aviso a las autoridades a cargo de la investigación de los delitos y/o no aseguraron la integridad de víctimas y testigos de delitos conforme la ley lo se los impone". Es decir, Ponce Asahad no investigó los ataques "con el objetivo de concretar un único plan tendiente a obtener dinero de forma ilícita de Leonardo P".

Este martes, la jueza de Primera Instancia Eleonora Verón dictó a Nelson Ugolini la libertad con restricciones por el plazo de 90 días; fijar domicilio, firma semanal ante la OGJ y una caución de $4982 dólares a depositar en cuenta judicial; y a Gustavo Ponce Asahad dictó prisión preventiva efectiva por el plazo de 90 días.

"Aquí hubo un negocio concertado entre distintas personas que se pusieron de acuerdo para sacarle dinero a una de estas personas", explicó Schiappa Pietra, tras la audiencia imputativa, y aclaró los motivos por los cuales Ugolini no fue detenido: "Jerarquizamos el rol en ese acuerdo de las personas con mayor capacidad, que por otra parte tenían mucha más disposición con los contactos, la información, las relaciones".

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