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Discapacidad: el relato de los rosarinos afectados por el recorte

El recorte de pensiones por discapacidad tiene damnificados con nombres y apellidos. Los testimonios son coincidentes: trámites estancados sin explicación alguna y mucha angustia por un derecho negado. "Es un dinero que necesitamos para subsistir", dicen

Raúl Enriquez tiene 58 años y un cuadro irreversible de salud. Arrastra serios problemas cardíacos y una diabetes que derivó en la amputación de una pierna. Mónica Demarchi (59) sufre una deficiencia motriz que le impide caminar más de una cuadra. Sus dos rodillas están dañadas y no hay operación posible que le permita recuperar la movilidad perdida. Talía (21) padece hipoacusia, una enfermedad que se agudizó en los últimos años hasta dejarla prácticamente sorda. Quiere trabajar pero no consigue un empleo. 

Raúl, Mónica y Talía son solo tres de los cinco mil rosarinos que están a la espera de obtener una pensión por discapacidad. Iniciaron los trámites en 2016, pero sus expedientes están trabados en una burocracia diseñada para no entregar nuevos beneficios. Se calcula que son más de 100 mil los casos en todo el país.

Este lunes, Rosarioplus.com dio cuenta del silencioso ajuste que sufre la Agencia Nacional de Discapacidad, una dependencia creada el año pasado para la administración de los fondos destinados a las pensiones. Tras el escándalo por las 170 mil credenciales que se dieron de baja (luego restituidas por orden judicial), el gobierno le quitó las partidas al ministerio de Desarrollo Social y trasladó la competencia a la órbita de la Jefatura de Gabinete. 

El traspaso generó, por un lado, despidos y recorte de personal; y por el otro, atrasos en todos los trámites que estaban en curso. En la oficina de Rosario hay largas colas de damnificados que buscan una explicación por expedientes que están paralizados. Las historias en primera persona mezclan bronca, resignación y mucha tristeza por un Estado que decide ajustar en los sectores más vulnerables. 

Leonardo es uno de los hijos de Raúl Enriquez, un ex trabajador portuario con 16 años de aportes. Cuando inició el trámite le dijeron que a los seis meses iba a tener la pensión para su papá. "Ahora nos reconocen que está todo trabado, que el panorama es complicado", cuenta. Los 4.900 pesos mensuales del beneficio ayudarían a Raúl a tener cierta independencia económica. Hoy subsiste gracias a la ayuda de su familia.

"Se quiere rendir, dice que llegó hasta acá, que si se sigue haciendo mala sangre se va a morir. Hay mucha gente que está bajando los brazos porque todo es muy desgastante", agrega Luciano. Encima, el trámite para obtener una prejubilación tampoco avanza. "Le correspondería, pero en Anses me dicen que no es posible", explica. 

El caso de Mónica es bastante similar. Dejó sus tareas como empleada doméstica por una imposibilidad física que no le permite caminar. Necesita de dos bastones para trasladarse. Una junta médica avaló su discapacidad, pero el trámite de su pensión está trabado desde noviembre de 2016. Omar, su marido, es quien lleva adelante el reclamo.

En su última recorrida golpeó las puertas de la oficina local de la Agencia Nacional de Discapacidad, pidió hablar con alguien en la sede del PRO, fue al Concejo y a la delegación de la Cámara de Diputados. No obtuvo ninguna respuesta. "El expediente va de oficina en oficina. Nos dicen que falta una firma, es todo cuento. Tienen los trámites parados", se queja el hombre.

El dinero de la pensión --dice-- es "para subsitir". No piensa "bajar los brazos" al tratarse de un "derecho que corresponde".  "No voy a parar hasta que a mi señora le den su pensión. Si tengo que ir a Buenos Aires a golpear el despacho del presidente lo voy a hacer", afirma.

Nadia, la mamá de Talía, también va a "pelear fuerte" por la pensión de su hija, pero reconoce estar "desbordada". Su sueldo --trabaja como enfermera en un geriátrico-- es el único sustento familiar. Cuida de su hija, de sus tres pequeños nietos y de su mamá.

"A medida que fue creciendo fue escuchando cada vez menos. Ya casi no escucha, hay que gritarle al oído", detalla la mujer. Talía cada tanto cuida a personas mayores para ganarse unos pesos, aunque por su condición no consigue un trabajo estable. La familia vende torta fritas y artículos de bijouterie porque "la plata ya no alcanza".

"Ella está muy triste por todo esto. Me dice que es un estorbo, que ni siquiera sirve para cobrar una pensión. Siente que el Estado le da la espalda y no entiende por qué", admite con desgarro.

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