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Denuncian un vaciamiento de trabajadores sociales y psicólogos de las cárceles

Los llamados extorsivos habrían sido producidos desde dentro de la cárcel de Piñero

Los trabajadores sociales y psicólogos que desarrollan su actividad en las penitenciarías de Rosario y la región denunciaron la ausencia de "un abordaje desde la perspectiva de los Derechos Humanos" en los penales y advirtieron sobre el preocupante vaciamiento de profesionales que se lleva a cabo desde hace dos años.

"Están vaciando de profesionales las diferentes penitenciarías, en las cuales no hay un abordaje desde la perspectiva de los Derechos Humanos", señaló Natalia Juárez, presidenta del Colegio de Profesionales de Trabajo Social de la Segunda Circunscripción, en diálogo con Rosarioplus.com.

Actualmente, se estima que en las cárceles de la región hay "como máximo 15 trabajadores sociales e igual número de psicólogos". Por ejemplo, según indicó la profesional, en la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Piñero hay un trabajador social cada 300 internos y un psicólogo cada 500, una proporción que considera exigua.

"Venimos evaluando, por un lado, la condición laboral de los trabajadores sociales y psicólogos; por otro, la falta de perspectiva de Derechos Humanos que vienen dando en las diferentes penitenciarias de la segunda circunscripción de Santa Fe", comentó Natalia.

Hace algunas semanas, integrantes del Colegio de Profesionales de Trabajo Social y del Colegio de Psicólogos de la Segunda Circuscripción, mantuvieron una reunión con la directora de Relaciones Institucionales Penitenciarias, Lucía Masneri, para manifestar su disconformidad con las condiciones laborales de los compañeros.

Lucia Masneri (derecha) junto a autoridades del
Ministerio de Seguridad. 

"La funcionaria no tenía una lectura en pos de revertir la situación", remarcó la trabajadora social y acotó: "Nos dijo que hace poco se hicieron concursos, pero que muchos profesionales fueron renunciando. Eso es cierto, y se debe a las condiciones de trabajo que se presentan en la penitenciarias".

Otro inconveniente con el cual se encuentran los trabajadores sociales es la baja jerarquía que poseen dentro del plantel de personal de los penales, a pesar de la exigencia de un título universitario para acceder a concursar y cubrir una vacante. "Hay una falta de jerarquía para la profesión, los colegas están incluidos en la Ley Orgánica del Servicio Penitenciario en los mismos rangos que los policías. Por esto acuden a los colegios profesionales, ya que no pueden agremiarse", explicó Natalia.

En cuanto al trato del personal penitenciario y la aplicación de sanciones representativas de la institución carcelaria, la presidenta del Colegio de Profesionales de Trabajo Social mencionó que "hubo situaciones de violencia institucional" y comentó: "Hay solicitudes de revisar lo que se pone en los informes, y se utilizan amenazas de sanciones disciplinarias en ciertas circunstancias".

Las guardias han sido unificadas entre varias Unidades Penitenciarias debido a la escasez de profesionales, por lo que las intervenciones se realizan muchas veces sobre personas con las que no hay conocimiento o vínculo. Los trabajadores sociales cuando son convocados durante sus guardias es para hacer informes socio ambientales en barrios o localidades fuera del horario laboral, lo cual conlleva riesgos propios de las características de las zonas a visitar. Además, la movilidad con la que cuenta el servicio penitenciario para trasladar a los profesionales no cumple con los requisitos, ni condiciones mínimos de seguridad que se exige a los vehículos para la circulación en la vía pública. En estos móviles se trasladan cotidianamente tanto personal penitenciario como personas detenidas.

Ambos imputados cumplen prisión preventiva sin plazo en el penal de Piñero.
Los detenidos en comisaría fueron alojados en el penal de Piñero.

"A veces los profesionales son convocados de urgencia y son trasladados desde su domicilio en móviles policiales con el interno en el asiento de atrás, por lo que genera una situación violenta", comentó la profesional.

A fines del 2016, el Ministerio de Seguridad de la provincia concretó el traslado de 290 detenidos desde comisarías de Rosario hacia la cárcel de Piñero. La transferencia masiva de internos hacia una unidad del Servicio Penitenciario de Santa Fe dejó prácticamente vacíos los penales de las más de 40 seccionales policiales del mayor departamento de la provincia. A pesar del incremento de internos en la Unidad Penitenciaria Nº 11, la cantidad de profesionales no se incrementó. "Te imponen una lógica donde no se puede abordar de forma integral una situación. Es imposible que un profesional aborde 300 situaciones", manifestó la trabajadora social.

"El vaciamiento se viene recrudeciendo desde hace dos años", indicó Natalia, y anticipó que ante las inconclusas respuestas que recibieron desde la dirección del Servicio Penitenciario, se solicitó una reunión formal con el ministro de Seguridad de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

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