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Cuba empieza el camino para tener un nuevo presidente tras 60 años de dinastía Castro

La Asamblea Nacional (parlamento unicameral) de Cuba iniciará este miércoles la sesión constitutiva de su próximo período quinquenal con la misión extraordinaria de designar un jefe del Estado que por primera vez en más de 59 años no llevará el apellido Castro.

Raúl Castro, de 86 años y al frente del gobierno desde 2006, cuando sucedió a su hermano Fidel, ya anunció que dejará el cargo y, si no hay sorpresas, lo sucederá el actual primer vicepresidente, Miguel Díaz-Canel, quien el viernes próximo cumplirá 58 años.

Tras un complejo proceso electoral cumplido en tres etapas, los 612 miembros de la Asamblea -todos pertenecientes a organizaciones afines al Partido Comunista de Cuba (PCC) gobernante- asumirán el miércoles y escogerán a mano alzada a los 30 integrantes del Consejo de Estado.

La otra gran novedad será la separación entre el Estado y el PCC, pues Castro continuará hasta 2021 como primer secretario del partido al que la Constitución de la isla considera como "la fuerza dirigente superior de la sociedad".

Durante décadas, el gobierno y el PCC estuvieron dirigidos por la misma persona: primero Fidel Castro y luego Raúl Castro.

Asimismo, con Díaz-Canel (ingeniero electrónico, exoficial de las Fuerzas Armadas y exdocente universitario), por primera vez el máximo cargo de gobierno de la isla estará en manos de una persona nacida bajo el imperio de la revolución cubana.

Díaz-Canel recibirá una Cuba en transición -más económica que política- por varios motivos, entre ellos un conjunto significativo de reformas iniciadas por Raúl Castro, el descongelamiento de la relación con Estados Unidos y la crisis en Venezuela, principal aliado y sostén económico externo de la isla en el presente siglo.

Raúl Castro postuló convertir a Cuba en un país "próspero y sostenible", pero la economía se retrajo 0,9 por ciento en 2016 y se recuperó 1,6 por ciento en 2017 gracias al impulso del turismo, reflejado en mayor consumo y construcción de infraestructura hotelera.

Por un lado, Cuba sufre las consecuencias de la crisis en Venezuela, cuya economía se redujo prácticamente a la mitad en los últimos cuatro años y disminuyó sensiblemente su ayuda en dinero y petróleo a la isla.

Por otra parte, están parcialmente frenados los efectos del acuerdo celebrado a fines de 2014 por Raúl Castro y el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, así como los del impulso del mandatario cubano a la privatización de actividades comerciales.

El histórico descongelamiento de la relación con Estados Unidos tras más de 50 años promovió un aluvión de proyectos comerciales bilaterales y eliminó numerosas restricciones al flujo de turistas entre ambos países.

Pero el fin del mandato de Obama, en enero de 2017, implicó un retroceso parcial del deshielo, pues su sucesor, Donald Trump, retomó los cuestionamientos a las autoridades cubanas, sobre todo en materia de derechos humanos, y le bajó sustantivamente el perfil -aunque no la jerarquía diplomática- a la relación bilateral.

En cuanto al cuentapropismo, el sector privado alentado por Raúl Castro a partir de su asunción plena del gobierno en 2008 y que hoy ocupa a más de medio millón de cubanos -equivalentes a 30 por ciento del mercado laboral-, su evolución está paralizada desde agosto pasado debido a un proceso de "perfeccionamiento".

El gobierno procura seguir regulando ese sector, limitar la concentración de riqueza en manos de particulares y prevenir el blanqueo de dinero y la evasión fiscal, mientras los cuentapropistas desean más libertades para desarrollar su actividad.

Asimismo, la economía cubana continúa aún muy centralizada, con las profesiones estratégicas y gran parte de la distribución de alimentos en manos del Estado, que también mantiene una alta cantidad de empresas deficitarias.

En ese contexto, el gobierno admite que precisa atraer inversiones extranjeras por más de 2.500 millones de dólares para que la economía crezca y, para ayudar a que eso suceda, refinanció su pasivo con el Club de París y se comprometió a pagar 2.600 millones de dólares que adeuda.

Otro de los obstáculos para un avance más fluido de la economía cubana es la persistencia del sistema de doble moneda, instaurado en 1990 e integrado por el peso cubano CUP y el peso convertible CUC.

Cada CUC equivale a un dólar y a 24 CUP. Con CUP, el Estado paga salarios y los cubanos cancelan servicios públicos subsidiados, como la electricidad y el agua, mientras los CUC son usados por los turistas a todo efecto y por los locales para comprar en comercios. El gobierno anunció varias veces la unificación monetaria, pero hasta ahora no la concretó.

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