Concejales proponen videovigilancia obligatoria en los boliches

Luego de lo sucedido con Carlos Orellano, el joven que fue a bailar y apareció muerto dos días después en el río Paraná, los ediles de Juntos por el Cambio propusieron una iniciativa obliga a los titulares de locales bailables o espectáculos públicos a contar con sistemas de videocámara internos y externos en funcionamiento, como requisito para obtener la habilitación del lugar. Además, el proyecto impone duras sanciones ante la falta de entrega del material fílmico a la justicia.

La intención de Alejandro Rosselló, Daniela León, Germana Figueroa Casas, Carlos Cardozo y Ana Laura Martínez es modificar dos artículos de la ordenanza  7218, de espectáculos públicos, aprobada en el año 2001.

“Es inadmisible que hoy en día, teniendo en cuenta la alarmante situación de violencia extrema que vivimos los rosarinos y rosarinas, un local bailable o cualquier espacio donde se realicen espectáculos públicos, donde acuden miles de personas, no cuente con un adecuado dispositivo de videovigilancia en funcionamiento”, sostuvo la concejala Ana Laura Martínez.  

En ese sentido, apuntó que “si el sistema de cámaras del boliche Ming, de La Fluvial, hubiese funcionando de forma correcta, hoy la Justicia contaría con elementos mucho más sustanciosos, seguramente, para resolver la muerte de Carlos Orellano, que nos sigue desvelando a todos y no vemos avances con el paso de los días”.

Incluso, para aquellos locales ya habilitados en la ciudad de Rosario, actualmente alrededor de 250, la iniciativa dispone que contarán con un plazo de sesenta días para adecuarse a la ordenanza, en caso de aprobarse en el Concejo.

De acuerdo a estimaciones que realizaron los concejales del interbloque, el costo de adquisición de un equipo estándar con 8 cámaras ronda entre los 30.000 y 50.000 pesos.

Además, el proyecto también cambia el artículo 38 de la 7218/2001, fijándose el concepto de infracción o falta grave frente a la negativa del titular del local para hacer entrega del material fílmico, ya sea por requerimiento judicial y/o administrativo. La sanción podría establecer desde multas económicas hasta la clausura definitiva del lugar. “Consideramos que es urgente actualizar la legislación de la ciudad a la situación actual, porque la ordenanza anterior claramente ha quedado obsoleta”, manifestó Martínez.  

En una primera instancia, el proyecto será analizado por las comisiones de Gobierno y de Control, Convivencia y Seguridad Ciudadana. 

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