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Con otro decreto, Macri decidió cerrar la Lotería Nacional

Con un decreto de necesidad y urgencia, el gobierno dispuso liquidar la Lotería Nacional y achicar también el directorio del Banco Nación, en el mismo plan de ajuste.

Con la firma del presidente Mauricio Macri, del jefe de Gabinete Marcos Peña, y de todos los ministros, el decreto 95/2018 -publicado este viernes en el Boletín oficial- dictaminó reformas a algunos aspectos de la ley de ministerios, que deberán ser analizados por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo del Congreso Nacional.

Al disponer la liquidación de Lotería Nacional, la norma enfatiza que, de acuerdo con la constitución nacional, "el poder de policía en la materia es de carácter local, teniendo los Estados provinciales y la ciudad autónoma de Buenos Aires plena jurisdicción y competencia sobre los mismos".

Por ello, sostiene que "no existen razones jurídicas ni resulta oportuno mantener en vigencia los juegos que actualmente explota Lotería Nacional", a lo cual agrega que, "por las razones expuestas, en lo que hace a la ley 25.295, y la escasa relevancia que tiene en el mercado de juego lúdico, tampoco parece procedente mantenerla en vigencia, desde que la materia de juegos de azar no resulta una función del Estado Nacional".

Según surge de los considerandos del decreto, los cambios se fundamentan en que, "de la experiencia acumulada, resulta necesario efectuar un reordenamiento estratégico que permita concretar las metas políticas diagramadas, así como racionalizar y tornar más eficiente la gestión pública".

Las modificaciones incluidas en el DNU publicado este viernes en el Boletín Oficial abarca también al Banco Nación, cuyo directorio fue reducido al modificarse la Carta Orgánica. De ahora en adelante, "el gobierno de la institución estará a cargo de un directorio formado por un presidente, un vice y ocho directores".

La reducción de cargos jerárquicos “no sólo propende a la reducción de la cantidad de cargos jerárquicos en la Administración Pública Nacional sino que permite, a la vez, agilizar y dotar de mayor eficiencia al funcionamiento del directorio, criterios ambos que contribuyen al ahorro en el gasto público", fundamenta la medida.

Entre otros puntos, el DNU traslada funciones del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda a la órbita del Ministerio de Desarrollo Social: son las de "entender en la ejecución de obras públicas relativas a procesos de integración socio-urbana", como así también las de "intervenir en el desarrollo de ciudades y áreas periurbanas compactas, integradas, inclusivas, sustentables y resilientes, mediante el diseño y ejecución de obras, programas y políticas nacionales de infraestructura y servicios urbanos".

En tanto, en el área de discapacidad, el DNU dispone que es imperioso "un proceso de centralización en un único organismo especializado", propicia "la supresión" del Servicio Nacional de Rehabilitación como organismo descentralizado del Ministerio de Salud, y transfiere "sus funciones, unidades, y personal a la órbita de la Agencia Nacional de Discapacidad".

Se trata de un organismo creado por el Ejecutivo en septiembre pasado en el ámbito de la Secretaría General de la Presidencia, con la función de elaborar y ejecutar políticas públicas en materia de discapacidad y otorgar pensiones por invalidez, entre otras competencias, a cargo de Javier Ureta.

A su vez, el decreto del Ejecutivo también modifica competencias de los ministerios de Agroindustria, de Educación y de Energía y Minería.

En tanto, tras la polémica que suscitó el megadecreto dictado en enero para la "desburocratización del Estado", se aclara que "la urgencia en la adopción de la presente medida hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución para la sanción de las leyes".

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