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Centros de acogida: chicos hacinados, con medidas vencidas y sin medicamentos

En medio de la polémica por el niño que fue alojado por una familia solidaria y luego cambiado de centro de vida, la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe publicó un informe sobre cómo viven los más de 500 chicos con derechos vulnerados que fueron separados de su grupo familiar. El panorama es muy preocupante

Foto Ilustrativa de niños en la calle.

Problemáticas sensibles como la adopción y la separación de sus hogares de aquellos niños y adolescentes con derechos vulnerados se instalaron este verano en la agenda pública local. Fue luego de conocerse el caso de Kiki y de la familia Gigliotti, que volvió a interpelar un complejo sistema cruzado por emociones, cuestiones legales y mucha burocracia. En paralelo a la resolución de esta historia, la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe difundió el informe anual que elabora junto a Unicef Argentina. El trabajo giró en torno a las instituciones de acogimiento que albergan a más de 500 chicos en toda la provincia.

Con el disparador de cómo viven las chicas y chicos que han sido separados de sus cetros de vida, la Defensoría realizó un exhaustivo relevamiento en 41 instituciones, de los cuales el 32% pertenece al Estado provincial y el 68% restante a organizaciones sociales en convenio con el poder Ejecutivo. El trabajo de campo se realizó entre mayo de 2016 y fabrero de 2017. Los resultados desnudan graves falencias en el sistema de protección que debe brindar el estado cuando un juez firma una medida excepcional en el afán de restituir algún derecho vulnerado.

Algunos datos

-El 39% del total de las instituciones se encontraron condiciones de sobreocupación, mientras que el 44% presentaban condiciones de hacinamiento. En el Nodo Reconquista todas las instituciones estaban en condiciones de hacinamiento. En el Nodo Santa Fe más de la mitad de las instituciones presentaban condiciones de sobreocupación y hacinamiento.

-El 71% de las instituciones afirmó que alojaban niñas, niños y adolescentes con medidas de protección excepcional vencidas. El promedio de permanencia en una misma institución superaba el año y medio, algo que está fuera de la ley. 

-En lo que refiere a Salud, el 56% de las instituciones señaló tener dificultades para conseguir turnos médicos y el 59% expresó tener dificultades para obtener medicamentos. El 85% de los centros admitió tener dificultades para que los niños accedan a tratamientos de salud mental, a especialidades médicas y odontoogía. En cuanto a Educación, el 41% de las instituciones manifestó dificultes en la articulación con las escuelas.

-El 47% de las instituciones se encontraban en estado edilicio regular a malo (goteras, humedades, instalaciones averiadas, falta de luz natural, escaleras inseguras, entre otras variables relevadas).El 46% presentaba obras de refacción pendientes, y el 17% estaba en procesos de refacción. El 44% no contaba con ventiladores.

-El 66% de las instituciones no contaba con un espacio para entrevistas o encuentros privados. El 44% no tenía un espacio de usos múltiples (SUM). El 90% no tenía ningún tipo de adecuaciones para personas con discapacidad.

-Al momento del relevamiento, el 88% de los equipos de trabajo se encontraban incompletos. El 56% de las instituciones consideró que la cantidad de acompañantes era insuficiente. El 85% expresó la necesidad de incorporar otras disciplinas a sus equipos de trabajo. El 60% de los trabajadores se encontraban con contratos informales o sin contrato.

-El 90% de las instituciones calificó a las articulaciones con los equipos de la Subsecretaría de Niñez como regulares o malas. El 88% indicó que en pocos casos las niñas, niños y adolescentes alojados mantienen contacto o comunicación con estos equipos. 

Presentación y conclusiones

El informe de la Defensoría fue remitido al poder Ejecutivo y a ambas Cámaras legislativas en diciembre. Esta semana, la defensora Analía Colombo fue invitada a la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados de Santa Fe. De la reunión participaron los legisladores Alicia Gutierrez, Carlos Del Frade, Silvia Augsburger, Verónica Benas, Santiago Mascheroni, Alejandro Boscarol, Claudia Moyano y Patricia Tepp.

"Los datos del informe no son ni nuevos ni lapidarios. Son datos objetivos que motivan, desde el inicio de la institución en 2012, un pedido histórico de priorizar y jerarquizar las áreas de niñez. Razón por la cual motivarán una resolución de recomendación en la que ya se está trabajando para presentar ante el Poder Ejecutivo", dijo la funcionaria durante el encuentro.

Entre las conclusiones del trabajo, la Defensoría pide "repensar los proyectos institucionales de los Centros Residenciales". "Es de vital importancia contar con marcos de trabajo definidos, con personal idóneo y con los recursos materiales y económicos adecuados. Para ello, es fundamental la direccionalidad política y la disponibilidad presupuestaria, traducida tanto en términos de capacitación, presencia y supervisión garantizada desde la Subsecretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, entendiendo que las condiciones de ese alojamiento son responsabilidad del Estado Provincial en su conjunto". 

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