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Caso Maldonado: qué es el Protocolo de Minnesota

Desde que se halló un cuerpo en el río Chubut, este martes, mucha expectativa se generó respecto de la autopsia que se le realizará para poder determinar si es Santiago Maldonado, pero también cómo murió y si el cadáver fue "plantado" (puesto en el lugar donde fue encontrado) o no. 

El proceso de análisis del cuerpo se realizará en la Morgue Judicial del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia con la intervención de las cinco querellas y el único imputado, el subalférez Emmanuel Echazú, el gendarme que fue señalado por las lesiones que recibió en el rostro, según lo dispuesto por el Juzgado Federal de Esquel. Se definió que en la autopsia se aplique el "Protocolo de Minnesota", para determinar si la víctima fue objeto de una ejecución.

¿Qué es el Protocolo de Minnesota? También llamado Protocolo Modelo para la Investigación Legal de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias, es acuerdo al que llegó en 1991 un grupo internacional de expertos en ciencias forenses, abogados, y expertos en derechos humanos, que proporciona métodos de investigación, propósitos, procedimientos de investigación, y procesamiento de pruebas.

El objetivo: ayuda a detectar en las autopsias evidencias que indiquen la aplicación de golpes, colgamiento, descargas eléctricas entre otros métodos de tortura así como también si la víctima fue objeto de una ejecución extralegal, arbitraria y sumaria. Es por eso que no se aplica en todas las autopsias, se aplica cuando existen circunstancias particulares como el caso Maldonado.

Aunque no es un documento jurídicamente vinculante, el Protocolo de Minnesota es una costumbre internacional. Un fuerte impulso recibió cuando la ahora extinta Comisión de las Naciones Unidas sobre Prevención y Control del Delito adoptó este protocolo luego de que fuera aprobado por la Asamblea General en su resolución 44/162 del 15 de diciembre del 1989. Sección B establece varios objetivos de la investigación, incluyendo la identificación de la(s) víctima(s), la recuperación y preservación del material probatorio para ayudar en el enjuiciamiento de los responsables, y el hecho de llevar “el presunto perpetrador(es) ante un tribunal competente establecido por la ley”.

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