El juez Carlos Vera Barros hizo caso al pedido de la Fiscalía Federal que investiga la desaparición y muerte de Franco Casco, y citó a indagatoria a un vecino de barrio Luis Agote, que en su declaración defendió la versión policial de los hechos, y a dos odontólogos que presentaron un informe contradictorio sobre dos piezas dentales que el joven perdió antes de morir. Serán imputados por falso testimonio y encubrimiento.

En el marco de la causa que busca echar luz sobre cómo fueron las últimas horas del joven oriundo de Florencio Varela que murió en Rosario, Daniel C., vecino de la Comisaría Séptima donde Casco fue visto por última vez en octubre de 2014, declaró en varias ocasiones y siempre a favor de la versión policial. Desde la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud, querellantes en la causa, indicaron que los dichos del hombre presentaron “claras contradicciones, irregularidades e inconsistencias”.

A entender de la querella, la declaración del vecino “lo compromete por los delitos de falso testimonio y encubrimiento” y “además abonan a la falsedad del relato policial que, con dieciocho policías procesados, ya está expuesta”.

El caso de Elisandro G. y Aníbal P. es un poco más complejo e igualmente grave. Se trata de dos integrantes del Departamento de Identificación Cadavérica, Odontología Legal y Forense que según el fiscal Guillermo Lega incurrieron en una grave irregularidad a la hora de elaborar un informe sobre dos piezas dentales que Casco perdió, presuntamente, antes de morir.

El 12 de julio de 2017 el doctor Félix Rodríguez, integrante del Instituto Médico Legal, remitió a la Fiscalía Federal un informe odontológico de tres fojas firmado por estos odontólogos. En ellos se afirma que Franco Casco había perdido dos dientes en vida, y no de forma traumática. Sin embargo la investigación arrojó que dicho informe presenta contradicciones en cuanto a la hora de realización, puesto que está fechado el 30 de octubre a las 11.30, cuando el acta de levantamiento del cadáver está firmado a las 13.30 del mismo día.

Par el fiscal, este hecho “invalida en efecto la veracidad de dicho informe y a criterio de esta instrucción, se encuentra conformado el estado de sospecha por falso testimonio”.

La responsabilidad policial

En mayo pasado, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario confirmó el procesamiento de 19 de los 30 policías acusados de la desaparición forzada y el asesinato de Franco Casco. El fallo deja a un paso del juicio a 16 agentes de la Comisaría 7ª, incluido el por entonces jefe de la dependencia de Cafferata al 300, el comisario Diego José Álvarez, y tres del área de Asuntos Internos.

En su defensa, los efectivos dicen que le juez Vera Barros no tuvo en cuenta una serie de pruebas y argumentan que la causa tiene "intenciones políticas”.