En tres meses se cumplen tres años de la noche en que el joven músico Adrián Rodríguez murió electrocutado cuando tocaba junto a su banda "Raras Bestias" en el bar cultural Café de la Flor, de Mendoza al 800. Y si bien la causa terminó hace dos años su instancia de investigación y todas las imputaciones, tres fueron los intentos fallidos de la defensa del dueño de evitar que vaya a prisión bajo la figura de “probation”, o sea que Ariel Scharf acepte su responsabilidad y realice tareas comunitarias con resarcimiento económico a familiares del músico.

Este miércoles el abogado de la familia de Adrián en la querella, Marcelo Cozodoy, presentó un pedido de continuación de la audiencia preliminar para llegar al esperado juicio, y especuló con que la fiscal a cargo de la causa, Valeria Piazza Iglesias, lo hiciera también en coincidencia de criterio porque “había pruebas lapidarias, y la defensa dilató la causa un año y medio innecesariamente”, contó a Rosarioplus.com. 

Sucede que el primer pedido de probation de Scharf fue realizado ante el juez de primera instancia Hernán Postma, quien lo rechazó; luego lo elevaron a la Cámara de Apelaciones, con el mismo resultado. “No conformes con la negativa, fueron a la Corte Suprema provincial, cuyos miembros coincidieron en que este hecho excede a una simple imprudencia (si se mira por ejemplo el estado de la instalación eléctrica sobre tablero de madera), y el 21 de junio rechazó también el planteo. Han excedido la capacidad del sistema defensivo”, reflexionó Cozodoy.

Ahora se espera que la Justicia vuelva a la audiencia preliminar, que el abogado de la querella consideró ocurrirá “antes de fin de año seguro”, y avizoró un posible comienzo del juicio para comienzos de 2019. “Es una causa que merece tener su justicia por la cadena tremenda de responsabilidades, y no puede ser que en casi tres años se siga hablando de probation”, fustigó.

La causa se desdobla en dos partes: por acción se imputó por homicidio culposo a Scharf y al electricista Fernando Campodónico, y por omisión, por incumplimiento de deberes como funcionario público, al entonces inspector municipal Pablo Akerman.

La causa cuenta con muchas pericias y unos 20 testigos, entre asistentes de la fatídica noche del 12 de octubre de 2015 y los músicos que tocaron allí noches previas, quienes coincidieron en atestiguar las malas condiciones de la instalación eléctrica, y hasta en una oportunidad “una inundación producida una vez en su terraza electrificó sus paredes”, consignaron fuentes a este medio.

Consultado por un posible resultado de la condena al dueño del boliche, el letrado precisó: “Puede que el juez le otorgue solo tres años de prisión, pero lo claro es que una condena es necesaria, porque nuestra visión en la querella es que hay una velada imprudencia porque privilegió su visión comercial en desmedro de la vida humana”.

Otro capítulo le merece al letrado la responsabilidad del municipio, ya que “éste se lavó las manos, pero fueron ellos los que no controlaron, y la exigencia de los recaudos mínimos de seguridad la tenían que dar”.