Arquitectos y entidades referentes del mundo de la construcción presentaron este jueves en el Concejo un proyecto que busca agilizar y optimizar los plazos de aprobación de los permisos de edificación. Aseguran que la demora para obtener los mismos afecta directamente a la industria y que la autorización para levantar un edificio de tres pisos puede demorar hasta seis meses. 

El texto firmado por el Colegio de Arquitectos de Rosario, el Colegio de Técnicos, el Foro de Emprendedores de la Construcción y la Asociación de Empresarios de la Vivienda, advierte que “el proceso de producción y reproducción de la ciudad se atrasa sensiblemente, particularmente a la hora de obtener el permiso de edificación”. 

Asimismo, agregaron que “esto afecta a todos los actores sociales que participan de este escenario, que como se sabe lesiona fuertemente a una industria madre (industria de industrias) como es la industria de la construcción”.

En tanto, subrayaron la “demora recurrente y sostenida para la corrección de los expedientes de edificación y/o el otorgamiento de los permisos de edificación por parte del municipio”, y aclararon que no se trata de “una mirada corporativa o sectorial que reclama la solución particular de este problema”.

Tiempos inciertos

A modo de ejemplo, explican que una obra de un edificio chico de planta baja y tres pisos en la zona de la Facultad de Medicina, en un terreno mediano, se construye en 15 meses, pero el permiso demora seis. “El 40% del tiempo productivo, lo estamos ocupando en la solicitud del Permiso de Edificación”, indicaron.

En tanto, detallan que una vez presentado el trámite, no existen plazos reglamentados que obliguen al municipio a expedirse tanto con las correcciones como con la asignación del expediente. “Esto nos obliga a peregrinar insistentemente sobre los inspectores para lograr que corrijan el expediente y podamos proseguir con el trámite”, agregaron.

“No sólo perjudica la habilitación de la obra sino que, habida cuenta de la inflación crónica que sufrimos sin tregua, ocasiona un daño económico que recae directamente sobre el costo de la vivienda, algo que nos resulta lesivo cuando existe, tras cada solicitud de permiso de obra, la voluntad manifiesta de personas que deciden volcar sus inversiones sobre la ciudad”, concluyeron.