Pasada la medianoche del miércoles, todos dormían en la vivienda de Caminito al 3600, en barrio Tío Rolo, menos Lucrecia, que miraba una novela. La mujer, que comparte el techo con su marido, su hija de 28 años y su nieta de 4, escuchó que tocaban el portón de la entrada. Unos seis efectivos de la Policía de Investigaciones irrumpieron en la noche, poniendo a ladrar a los perros de toda la cuadra, y la familia se despertó exaltada. Se había terminado la calma.

El caso de Lucrecia es uno de los dos allanamientos que, llevados adelante por la PDI en el marco de las causa por la ola de amenazas de bomba a escuelas de la ciudad, no tuvieron el resultado esperado por los pesquisas. Es que el operativo se montó en base a las direcciones brindadas por las empresas de telefonías a la Justicia provincial. Y en esos dos casos, esa información fue errónea.

“Nos dijeron que era un allanamiento por orden del fiscal Gustavo Ponce Asahad, y lo primero que pensé fue que era un error de dirección”, contó Lucrecia en diálogo con Rosarioplus.com. La mujer recordó: “Cuando mostraron la orden los hice pasar, y nos pusimos a disposición, aunque sin entender qué buscaban: la dirección era la nuestra, pero no la línea, que era de Movistar cuando nosotros tenemos Personal, ni el nombre del titular".

El susto y el nerviosismo que se apoderaron de la noche en la vivienda familiar dejó algunas secuelas. La nieta de Lucrecia, de apenas cuatro años, del susto no concilia el sueño desde entonces y el resto de la semana no quiso ir al jardín.

A Lucrecia le llamó la atención que “si bien los efectivos tenían los chalecos de la PDI, no venían en patrulleros sino en autos particulares”. De cualquier manera, indicó que el allanamiento fue respetuoso, ya que “no hubo violencia, no tocaron nada, y seguían las órdenes del comisario”. En seguida, la situación fue aclarada cuando la pareja explicó a los efectivos que son propietarios de la vivienda, que les fue otorgada por la Provincia en 2001, y que allí no residió nunca con ellos la persona buscada.

Por la confusión, se labró un acta y la mañana del jueves Lucrecia llevó los comprobantes de propiedad de la vivienda y los celulares de la familia a la Fiscalía del Cibercrimen, donde se dejó asentada una denuncia. Allí también le indicaron a la familia que se dirigiera a la Defensoría del Pueblo, donde los asesorarán sobre qué acciones tomar, dado que “el error es de la telefonía que tiene datos sin pruebas de cada persona que se compra una línea, sin demasiado chequeo”. Este allanamiento errado “se comprobó”, pero lo que a Lucrecia dejó preocupada es “si hay un propietario de una línea que mintió”, aduciendo que reside en su vivienda.