El expresidente ecuatoriano enfrenta una orden de captura a raíz de su presunta vinculación en el intento de secuestro del opositor Fernando Balda.

Tal como él mismo anunció hace meses que sucedería, el Poder Judicial de Ecuador emitió una orden de captura sobre Rafael Correa que podría llevarlo a su país con esposas desde Bélgica, donde reside desde que dejó el poder en 2017.

El caso que enreda a Correa ocurrió en Colombia y lo vincula con el intento de secuestro de un opositor cuando aún era presidente.

¿De qué se lo acusa?

El exdiputado opositor Fernando Balda acusa a Correa de ser el autor intelectual de su intento de secuestro en 2012, mientras estaba en Bogotá. En ese entonces Balda era legislador por el Partido Sociedad Patriótica (PSP) y argumenta que, sintiéndose perseguido, se refugió en Colombia. Fue allí donde cinco personas lo subieron por la fuerza a un automóvil para secuestrarlo, pero la policía colombiana interceptó el vehículo y logró su inmediata liberación. 

En el marco de la investigación de ese hecho, una jueza determinó que Correa debía presentarse el lunes pasado -y desde allí en adelante cada 15 días- ante la Corte Nacional de Justicia (CNJ) en Quito. Sin embargo, Correa cumplió con la diligencia en el consulado de Ecuador en Bélgica, aduciendo convenciones internacionales y leyes nacionales para ejercer sus derechos como ecuatoriano residente en el exterior. El exmandatario vive en Bélgica desde que concluyó la presidencia dado que su esposa es de esa nacionalidad.

Sin embargo, la Fiscalía consideró que Correa incumplió la disposición de la CNJ y pidió su prisión preventiva por los delitos de asociación ilícita y secuestro. El Poder Judicial aceptó el pedido y, acto seguido, solicitó a la Interpol su ubicación con fines de captura y extradición.

La reacción

Rafael Correa es el más alto funcionario en ser vinculado a este caso, por el cual ya hay tres agentes de inteligencia y un excomandante de la policía detenidos. Además, pesa una orden de prisión y un pedido de extradición sobre un ex jefe de la Secretaría Nacional de Inteligencia que actualmente se encuentra en España.

El expresidente, quien tras una década en el poder confrontó con distintos sectores vinculados al poder económico y financiero de su país, denuncia una persecución política y judicial en el marco del duro enfrentamiento que libra con su sucesor y antiguo aliado, Lenín Moreno.

En su primera declaración voluntaria efectuada en Bruselas, Correa negó conocer a los policías implicados en el caso. Mediante su cuenta de Twitter expresó que todo es un vulgar montaje y que jamás podrán mostrar una sola prueba de su participación en la organización del secuestro.

Además, Correa recordó un mensaje de Twitter del 10 de noviembre del 2017 en el que Balda ya adelantaba su arresto. Balda ya anunciaba en noviembre que se venían procesos judiciales que me pondrían orden de captura de Interpol. ¿Adivino o parte de un complot? Hagan sus apuestas. En las próximas horas enviaré un vídeo por redes. ¡Hasta la victoria siempre!, sostuvo el expresidente en otro mensaje de Twitter.

Correa confía en que una acusación semejante, sin suficientes pruebas que la respalden, podrá prosperar en Ecuador, donde sus adversarios parecen dispuestos a cualquier cosa para evitar que vuelva a asomarse al poder, pero nunca podrá avanzar en Bélgica, al que considera un país respetuoso del Estado de Derecho y del debido proceso.

Las opciones de Correa

El caso Balda se encuentra aún en etapa de instrucción fiscal, por lo que queda la posibilidad de que Correa sea sobreseído antes de que la CNJ llame a juicio. Y para que pueda ser efectivamente sometido a juicio, el expresidente deberá encontrarse en Ecuador, dado que el secuestro es un delito por el cual la ley ecuatoriana impide el proceso en ausencia. Por lo tanto, si no es detenido o no se presenta al eventual juicio, el proceso quedaría en suspenso y prescribiría en seis años.

La defensa de Correa puede pedir aún la sustitución o la revocatoria de la prisión preventiva. Sin embargo, el ex presidente ya incumplió la disposición de presentarse periódicamente ante la autoridad en Quito.
Otra alternativa que evalúa el exmandatario es la posibilidad de solicitar asilo en Bélgica, el país de su esposa. Para poder hacerlo, debería demostrar que es un perseguido político y debería cumplir con los requisitos que el gobierno belga impusiera al efecto.

¿Justicia o persecución?

El acorralamiento de Rafael correa por el Poder Judicial de su país tiene correlatos semejantes en varios países latinoamericanos, especialmente en aquellos que formaron parte del grupo que conformó un bloque ideológico progresista. El expresidente de Brasil, Luis Inazio Lula Da Silva, se encuentra condenado y en prisión, y la expresidente argentina, Cristina Fernández de Kirchner, se encuentra procesada en varias causas. Independientemente de la comisión o no de hechos de corrupción -algo que indudablemente compete al Poder Judicial de cada país-, queda flotando en el aire la sensación de persecución. 

En el caso de Rafael Correa esto se hace más notorio, dado que se lo acusa de ser autor intelectual de un secuestro sobre el cual no hay en principio pruebas de conexión alguna entre el exmandatario y los agentes involucrados. Además, su acorralamiento ya se viene produciendo desde hace tiempo. Primero se reformó la Constitución para evitar cualquier hipotético regreso suyo al poder. Se avasayó a instituciones clave del país en materia de protección de los derechos de los sectores más vulnerables, como fue el caso de la Defensoría del Pueblo de Ecuador, otrora una institución fuerte que fue reducida a una sombra. Ahora recae sobre el expresidente un cerco judicial con argumentos -por lo menos- dudosos.

Más allá de las motivaciones y los procedimientos jurídicos cabe preguntarse -como en el caso brasileño- si la democracia no está dando paso a la critarquía, que es el gobierno de los jueces (del griego “kritès” que quiere decir “juzgado”, o “krito” que significa “juzgar”, y “archè” que puede traducirse como gobierno). El interrogante más preocupante al respecto es si los jueces actúan de manera independiente y con su propio criterio, o simplemente siguen el mandato de aquellos sectores más concentrados del poder económico y financiero, que son los que tienden directa o veladamente a conducir los destinos del mundo.