sec-corbata

Abuso policial: quienes buscan pruebas responden al jefe de Policía

En su último Informe de Gestión, Fiscalía admitió una dificultad no menor a la hora de investigar las denuncias de violencia y corrupción institucional: el personal de Asuntos Internos, área encargada de producir y documentar información relevante para estos casos, depende del jefe de Policía de la Unidad Regional 2. Actualmente se tramitan 1.750 causas por este delito

El violento operativo en Barrio Toba vuelve a desnudar el accionar abusivo de la Policía

El del domingo en barrio Toba es un caso testigo de las dificultades que se presentan a la hora de investigar un accionar abusivo de las fuerzas de seguridad. De un lado, están las denuncias de las víctimas y los relatos de los testigos sobre la irregularidad del operativo. Del otro, la desmentida de la policía con la justificación de un procedimiento de rutina para “combatir el delito”. Y en el medio, el trabajo de Fiscalía, responsable de relevar pruebas para validar una u otra versión.

Esa tarea está desde mayo de 2015 bajo la órbita de Unidad Fiscal de Violencia y Corrupción Institucional, creada justamente para abordar las cientos de denuncias que involucran a uniformados. Hasta al día 24 de febrero, fecha de cierre del último Informe de Gestión de la Fiscalía Regional 2da, había 1750 expedientes abiertos por presuntas prácticas ilegales.  

Ahora bien, en este documento, el propio fiscal regional Jorge Baclini plantea una dificultad no menor a la hora de buscar la verdad en las causas que tienen a agentes del orden en la mira. La Fiscalía trabaja codo a codo con la sección de Asuntos Internos y con la Secretaría de Control del Ministerio de Seguridad.

El personal de Asuntos Internos, área clave para la producción y documentación de muchas pruebas, depende del Jefe de Policía de la Unidad Regional 2, hoy Marcelo Villanúa, quien en el caso de barrio Toba defendió el operativo sin autocrítica alguna.

“Este es un problema que se presenta”, dice el Informe de Gestión en las conclusiones sobre el trabajo de la Unidad Fiscal de Violencia y Corrupción Institucional. Este mismo déficit fue expuesto días atrás en la presentación de la investigación realizada sobre esta temática por la UNR y el CELS; y denunciado desde hace mucho tiempo por la Multisectorial Contra la Violencia Institucional, un colectivo de organizaciones sociales, políticas, académicas, sindicales y de Derechos Humanos que acompaña a familiares de víctimas de este delito.

La Multisectorial Contra la Violencia Institucional denuncia  “patrones de respuesta policial y judicial inadecuados y que producen impunidad”

Para este colectivo, hay “patrones de respuesta policial y judicial inadecuados y que producen impunidad”.  Cuestionan que “en la mayoría de los casos las primeras actuaciones las realiza la policía” e, incluso, “en algunos los mismos policías autores o participes de los hechos”.

“Esto permite la construcción de una versión policial de lo sucedido, presentando por ejemplo los casos de uso ilegal de la fuerza letal como enfrentamientos con armas, o legítima defensa ante un intento de robo”, criticaron en reiteradas presentaciones.

La enquistada metodología, señalan, “hace posible, también, la alteración de los escenarios del hecho, la introducción de evidencia falsa y el ocultamiento de evidencia incriminatoria, como por ejemplo plantado de armas de fuego a las víctimas y de vainas servidas y balas”.

Muchas desestimaciones, pocos detenidos

Los delitos más denunciados en la Unidad Fiscal de Violencia y Corrupción Institucional son: incumplimiento de los deberes de funcionario público (46,74%); apremios Ilegales (32,35%); amenazas (9,51%); lesiones (7,19%) y allanamientos Ilegales (4 %).

La Policía y la Justicia en la mira por los casos de gatillo fácil.
La Policía y la Justicia en la mira por los casos de gatillo fácil.

Antes de la creación de esta unidad específica (2014), se habían recepcionado 245 denuncias. En 2015 la cifra trepó a 1.135 y el año pasado a 1.535. Sobre el tratamiento de esas presentaciones reinan las desestimaciones y los archivos: 1.299 en total, 827 en 2016.

Se celebraron 181 audiencias imputativas, 7 mediaciones, 1  acusación presentada formalmente, 6 acusaciones en condiciones de presentarse, 4 detenidos, 7  procedimientos abreviados  y 51 investigaciones concluidas por el pago mínimo de la multa.

El Informe de Gestión resalta un avance logrado en 2016 y un desafío para 2017. Desde mayo del año pasado se realizan inspecciones a comisarías y lugares de detención. “Se hicieron inspecciones a todas las comisarías de Rosario, además comandos radioeléctricos, armería central de la policía, depósitos judiciales, y el Hospital Agudo Ávila”, se especifica en el documento.

En el horizonte cercano aparece un “programa” para poner “fin a la problemática sobre las intervenciones de la policía mediante la utilización de armas antitumultos con balas de goma”. Fiscalía advirtió que “se carece de protocolo de acción y utilización de ese tipo de arma. Se cree que de haber instrucción en cómo actuar en estas situaciones, se bajaría el número de lesionados con balas de goma y las denuncias”.

COMENTARIOS

*Los comentarios que integran esta discusión no representan la opinión de RosarioPlus. Son opiniones personales de los usuarios

Seguí leyendo