El aniversario pasó casi desapercibido. La sensación es que el tiempo borró de la memoria colectiva un acontecimiento que, como pocos, interpeló conceptos centrales de una sociedad como son orden, justicia, tolerancia y convivencia. En 2014, el crimen de David Moreira (18 años), linchado por un grupo de vecinos de barrio Azcuénaga, atrajo la atención mediática durante varias semanas. A dos años del asesinato, el caso desapareció de la agenda periodística. El olvido también ganó terreno en el ámbito judicial. Aún no se resolvió la tipificación con la que los dos acusados de la causa serán enjuiciados.

La fiscalía aguarda el resultado de una pericia científica para resolver la carátula del homicidio. Se trata de la comparación de los datos antropométricos (dimensiones fisonómicas) de los acusados con el vídeo grabado con un celular la tarde del linchamiento. "La verdad que todo el proceso está siendo muy lento", se quejó Norberto Olivares, el abogado de la familia de la víctima, en diálogo con Rosarioplus.com.

El 22 de marzo de 2014, Moreira fue salvajemente golpeado en la intersección de Liniers y Marcos Paz. La furia de los vecinos se desató por el robo que minutos antes había sufrido una joven mamá que llevaba a su pequeña hija en brazos. Los testigos señalaron a Moreira y a Isaías Ducca (ya condenado en un juicio abreviado) como los autores del atraco. Tres días después, el 25 de marzo, David murió en la cama de un hospital. 

La causa tiene solamente dos imputados. Son dos jóvenes del barrio, de 28 y 29 años, quienes por las pruebas recolectadas habrían participado de la feroz golpiza. Pero desde septiembre del año pasado, el expediente está estancado al no resolverse la tipificación legal del crimen. 

El fiscal Florentino Malaponte, a cargo de la investigación, solicitó en una primera instancia que el ataque se encuadre como homicidio doblemente agravado por la participación de dos o más personas, que podría significar una condena de entre 8 y 25 años de presión. Pero luego modificó su postura, definiendo el caso como homicidio en riña, con penas de 2 a 6 años.

Malaponte basó la modificación en que la autopsia no logró determinar la existencia de un golpe mortal, por lo que es imposible señalar a una persona por la aplicación del impacto certero que terminó con la vida de Moreira. Además, esgrimió que no existió un plan para terminar con la vida del joven. Las pruebas que recolectó le permitieron concluir que los agresores, aunque golpearon con brutalidad, no tenían "ánimo de matar".

La querella rechazó esta modificación. En su día, Olivares le solicitó a Jorge Baclini, fiscal regional de Rosario, que revise el cambio de carátula. El funcionario solicitó hace más de seis meses tres nuevas pericias antes de tomar una determinación. "En 15 días tendría que estar el resultado de la prueba más importante. Con eso, Baclini tiene que resolver, no le queda otra", explicó el letrado.

¿Qué medidas nuevas se pidieron? Una pericia antropométrica (un estudio detallado de las dimensiones del cuerpo de los acusados), una pericia fonética a la madre de uno de los detenidos, cuya voz aparece en una conversación telefónica en la que hace aseveraciones sobre la participación de su hijo, y la comparación de los resultados antropométricos con la grabación casera en la que se ve cómo golpean a Moreira.  

"La pericia fonética no se realizó porque la mujer se negó. De todas forma, esa charla telefónica ya es una prueba contundente para saber que el joven no solamente estuvo en el lugar del hecho, sino que también participó", aclaró Olivares. Y agregó: "Con el último examen se va a corroborar si las personas que aparecen en el vídeo tienen similitudes físicas con los dos imputados. Es una prueba determinante. El tema es que eso aún no se hizo porque el perito responsable de la Policía Federal tuvo que viajar a Ecuador para participar de las pericias por el crimen de las mochileras. Según nos dijeron, la primera prueba a su regreso es la nuestra. En 15 días tendríamos que tener el resultado"

La familia de Moreira sigue el avance de la causa desde Uruguay, donde se radicó tras la muerte de David. Los dos imputados, en tanto, esperan el juicio en libertad. Pese a los contratiempos y a las demoras en la investigación, Olivares confía en que el asesinato no quedará impune. "Nosotros somos optimistas porque tenemos medio cocinado el tema de las pruebas. Tenemos una cantidad de indicios que pueden llevar a estos dos jóvenes a ser condenados. También es cierto que la fiscalía no ha tenido una energía como para avanzar. No ha sido una causa prioritaria, ese es mi sensación", concluyó.