Legisladores exigen a Lifschitz que reponga el traslado de docentes rurales

La decisión del gobierno provincial de no pagar el transporte de los docentes rurales hasta las escuelas de campo estalló en la Legislatura. Tanto en Diputados como en el Senado, y hasta dentro del propio Frente Progresista, interpelan al Ejecutivo por lo que consideran un menoscabo al derecho de los niños y adolescentes que habitan el medio rural de acceder a la educación escolar.

Diputado Leandro Busatto (PJ-FPV)

El diputado Leandro Busatto ingresó un proyecto de comunicación para que el Ministerio de Educación explique la interrupción del funcionamiento de las escuelas rurales nº 1202 “Luis Crenna” y nº 2202 “Nicolás Avellaneda”, ambas cercanas a Casilda. El requerimiento exige que la cartera de Claudia Balagué informe “cantidad de días en los que no se han dictado clases durante 2018 por falta de transporte provisto y/o subsidiado por el Estado provincial”, y el detalle de lo abogando y lo presupuestado para esa movilidad.

Asimismo, la iniciativa parlamentaria indaga en la forma en la que el Ministerio comunicó la quita del transporte. Es que, según docentes delegadas de Amsafé, esa decisión fue comunicada en mayo pasado, de manera verbal e informal, para no dejar asentado por escrito tal deserción estatal.

En muchos casos, los estudiantes acuden a clase junto con sus docentes, en el mismo transporte.

El problema es más amplio que esas dos escuelas de la colonia casildense. Atañe a unos 700 establecimientos rurales y periurbanos de toda la provincia. Y aunque la cantidad de alumnos que educan no es mayoritaria, para estos es la única posibilidad de acceder a la escolaridad porque su familia reside y trabaja en el medio rural. Esta realidad está reconocida y consagrada por el decreto 3194/08. Hasta mayo, el costo del traslado de docentes desde sus localidades de residencia hasta las escuelas de cada núcleo rural y el regreso era absorbido por el Ministerio de Educación, con un sistema de pago  -previo concursos de precios- efectuado desde las distintas regionales a las empresas o particulares prestatarios del servicio. “El objetivo es asegurar el traslado de los docentes hacia el lugar de trabajo, ya que muchos, por la distancia o carencia de medios de transporte, no podían viajar con medios de movilidad propio, o no tenían sistema de transporte público, o no les convenía contratar dicha movilidad por escasas horas cátedras”, explicó el senador cristobalense Felipe Michlig.

Senador Felipe Michlig (UCR)

En su última sesión del jueves pasado, el Senado aprobó la declaración formal de “preocupación ante medidas que podría implementar el Ministerio de Educación” respecto del corte de pagos a los servicios de combis y remises que trasladaban a docentes rurales y también a alumnos que recogían en el trayecto. La declaración legislativa advirtió que eso “resintiría el normal desarrollo de los contenidos académicos y la calidad educativa; solicitando se arbitren las medidas para solucionar el problema planteado”. El autor de esta moción fue el senador departamental de San Cristóbal, Felipe Michlig, radical dentro del Frente Progresista. En ese departamento, el 70 por ciento de los establecimientos escolares son rurales. Tiene 19 núcleos rurales donde 500 docentes titulares educan a 800 alumnos.

Michlig no fue el único oficialista que votó esa declaración contraria a la decisión del gobierno; también lo hicieron Orfilio Marcón (General Obligado), Germán Giacomino (Constitución), Rodrigo Borla (San Justo) y Hugo Rasetto (Iriondo), además de varios senadores peronistas.

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