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Santa Fe en alerta ante la posible quita de pensiones a niños discapacitados

Un documento interno de la Agencia Nacional de Discapacidad dispone revisar el beneficio para 20 mil menores. Santa Fe adelantó su "rechazo y repudio". Nación aclaró en un comunicado que los "beneficiarios son prioridad"

El gobierno nacional analiza otro recorte de pensiones en el área de discapacidad. El año pasado pretendió quitar sin éxito más de 170 mil asignaciones. Un fallo judicial ordenó retrotraer la medida por considerarla "arbitraria e ilegítima". Ahora, según un documento interno de la Agencia Nacional de Discapacidad, la intención es avanzar con el beneficio que reciben los más chicos. Se ordena "separar y revaluar" cerca de 20 mil expedientes.

La orden que baja de Nación pretende revisar 20.000 pensiones de niños
con discapacidad.

El instructivo fue dado a conocer por el portal Nuestras Voces. El texto comenzó a circular el 25 de enero entre los trabajadores de la Agencia para que se empiecen a tomar medidas sobre los expedientes en tránsito para otorgar pensiones. La palabra "revisión" aparece varias veces en el informe.

Básicamente se le solicita a los empleados de este organismo que las liquidaciones a los menores deben separarse para luego elaborar un nuevo listado. De esta manera, muchas pensiones quedarían “momentáneamente" a la espera de "nuevas definiciones”. El argumento, según se filtró, sería que muchos niños “no tienen incapacidad laboral”.

Marc, subsecretario de Inclusión para personas con discapacidad de la Provincia

La resolución busca que los expedientes sean revisados por un plantel de cinco médicos. El impacto sería inmediato: la demora de la entrega de las pensiones. Ante este panorama, el secretario general de ATE Pensiones, Walter Pignataro, advirtió que el gobierno “va a dar de baja miles y miles de pensiones con guante quirúrgico, de a poquito” 

Al difundirse la noticia, la Secretaría de Inclusión para Personas con Discapacidad de Santa Fe se comunicó con las autoridades de la agencia nacional para conocer los alcances de esta decisión.

 "Sabemos lo que está circulando en los medios. De ser así rechazamos y repudiamos absolutamente esta decisión", le confió a Rosarioplus.com Maximiliano Marc, subsecretario de esta cartera.

En la misma línea, aunque más enérgica, se pronunció la concejala Verónica Irizar (Frente Progresista Cívico y Social). "Repudiamos esta medida del Gobierno Nacional, que ya dejó en claro para quienes gobiernan. Suspender pensiones a niños discapacitados, los más vulnerables, es el acto más despiadado y retrógrado que le faltaba", planteó a través de su cuenta de Twitter.  

El gobierno recién se pronunció este miércoles por la tarde con un comunicado emitido por la Agencia Nacional de Discapacidad. El texto niega la "baja" de miles de pensiones de niños y aclara que el objetivo principal es realizar un "abordaje integral de la persona".

El organismo, no obstante, deja la puerta abierta a "revisiones". "Se han detectado que sobre el total de la población de menores pensionados, habría 72 mil de ellos que no tienen certificada su discapacidad, y por esta razón se esta trabajando para que no sean privados de otros derechos de los que son sujetos", reza el comunicado.

Desde el intento de ajuste del año pasado, los fondos los maneja
Jefatura de Gabinete.

Freno judicial y nuevo organismo

En septiembre del año pasado, un fallo judicial con alcance nacional ordenó a la Casa Rosada restituir todas las pensiones por discapacidad que suspendió. La magistrada que firmó la resolución calificó a la conducta estatal como "arbitraria e ilegítima". En Santa Fe, según Marc, casi todas las pensiones fueron restituidas. 

A los pocos días de este revés, el Poder Ejecutivo oficializó a través de un decreto publicado en el Boletín oficial la creación de la Agencia Nacional de Discapacidad para la administración de los fondos destinados a ese subsidio. Se le quitó el manejo de las pensiones al ministerio de Desarrollo Social y se trasladó la competencia a la órbita de la Jefatura de Gabinete. 

Javier Ureta, director de la Agencia Nacional de Discapacidad, donde ha
vuelto a barajarse el recorte.

Este nuevo organismo acató la orden judicial pero apeló el fallo para ganar la cuestión de fondo. “La apelación es una clara demostración de la falta de voluntad política de cumplir con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que, bajo el modelo social de discapacidad, reconoce el derecho a la protección social y a la vida autónoma (art. 28 y 19)”, planteó a través de un comunicó la Asociación REDI, ONG que en su día presentó una demanda colectiva para frenar la quita de subsidios. 

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