El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi procesó sin prisión preventiva al titular del gremio de canillitas, Omar Plaini, intervino el sindicato y allanó su sede en una causa por supuesta "falsificación de documento público" originada en una denuncia de una agrupación disidente presentada en 2013.

El magistrado procesó al también diputado nacional Plaini por presuntas irregularidades en las elecciones sindicales de 2013 en el Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas (Sivendia) y le trabó un embargo por 200 mil pesos, informaron fuentes judiciales sobre una resolución que mereció una dura condena de la CGT.

Además, el juez solicitó al Ministerio de Trabajo de la Nación que se designe un interventor en reemplazo de Plaini.

En este marco, con la firma de sus secretarios generales Juan Carlos Schmid, Héctor Daer y Carlos Acuña, la CGT divulgó este lunes un duro comunicado oficial en el que sostiene que "la causa de la impugnación de las elecciones de 2013 iniciada ese mismo año es una excusa que esconde objetivos políticos y de persecución gremial por parte del gobierno nacional".

"Al inmiscuirse en la vida interna gremial", el juez De Giorgi incumple la ley de Asociaciones Profesionales porque la cuestión "está fuera de su órbita de acción y ejerce claramente violencia institucional sobre la representatividad de los trabajadores canillitas, que en su momento eligieron a sus autoridades en el marco de la ley que los regula".

Plaini es secretario administrativo de la CGT, y antes de la unificación era secretario de prensa de la central obrera moyanista.

La CGT invitó al magistrado interviniente, el Ministerio de Trabajo y el Poder Ejecutivo "a cesar de inmediato la intervención y la persecución gremial a dirigentes que también realiza en otros lugares de la República", señaló el comunicado.