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Noveno sospechoso por la desaparición de Paula Perassi, a prisión

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Paula fue sometida al aborto y perdió la vida, su cuerpo fue desaparecido y aún no fue encontrado.

La Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario confirmó prisión preventiva para Antonio Díaz, empleado de Gabriel Strumia, noveno imputado en la causa por la desaparición de Paula Perassi.

Se trata del último detenido, el 27 de noviembre pasado, quien trabaja como chofer del empresario Gabriel Strumia, principal sospechoso por la desaparición y muerte de la joven Paula Perassi, tras su embarazo y aborto clandestino.

Antonio Díaz fue el chofer del empresario, quien había sido detenido, liberado y nuevamente arrestado en la causa. Finalmente fue procesado por el juez Juan José Tutau, quien dictó también su prisión preventiva. Y acusado por la Fiscalía, y de esta manera se encuentra a un paso del juicio oral al igual que el resto de los imputados en el caso. De todas maneras la defensa de Díaz ya pidió fecha para apelar la condición de prisión preventiva.

Paula Perassi se encontraba embarazada, todo parece indicar de Gabriel Strumia, cuando desapareció el 18 de septiembre de 2011. Luego de años de búsqueda tras varias pistas, y excavaciones en una cava de San Lorenzo tras un dato, que realiza el Equipo Argentino de Antropología Forense, no se logran dar con los restos de la joven, que habría fallecido producto  de un aborto clandestino.

La familia de Paula, que lleva adelante una pelea por visibilizar la causa para que avance con varias manifestaciones en los Tribunales de Venado Tuerto y de Rosario, ya lleva dos atentados en su vivienda y otro en su local, por lo que el padre, Alberto Perassi vive con custodia policial y chaleco antibalas.

Con el chofer imputado, ya son 9 las personas involucradas en este caso, junto a Strumia, su esposa Roxana Michl, y Mirta Rusñisky (quien realizó el aborto), acusados de aborto no consentido seguido de muerte, y  Jorge Kretz, María Galtelli, Aldo Gómez, Daniel Puyol y Gabriel Godoy, todos policías de distinto rango, procesados por encubrimiento agravado por omisión de sus deberes de funcionario público.

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