Un grupo de organizaciones de la sociedad civil impulsa una convocatoria abierta que desembocará en reclamar a las autoridades del Poder Judicial de Santa Fe y de la Justicia federal en Rosario la apertura al público de datos sobre todo su personal, con el propósito de sumar transparencia al más hermético de los tres poderes republicanos.

El desafío surge en el marco de la Meta Subnacional nro. 44 del 3er Plan de Acción Nacional del Ministerio de la Modernización de la Nación, destinado a abrir los “Datos de Justicia, Servicio Penitenciario, indultos y conmutaciones de penas”. Se trata de una Meta suscripta en el MArco de Metas SUbnacionales del Programa de la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Goverment Partnership - OGP).

La Provincia forma parte de un convenio firmado el año pasado por el Ministerio de Justicia de la Nación con consejos de Magistratura, cortes suprema y ministerios públicos de la Acusación provinciales, y se emparda con la meta de la ONG internacional Alianza para el Gobierno Abierto (OGP) para la que distintas organizaciones desde Rosario se proponen aportar para lograr un índice de transparencia judicial.

"La intención es que se cumplan cinco pasos para transparentar el acceso público a la información judicial”, contó a Rosarioplus.com Tristán Álvarez, coordinador del proyecto de Justicia Abierta en la organización Acción Colectiva.

Los poderes judiciales de Santa Fe y de Santa Cruz son los únicos que hasta ahora no brindaron al Ministerio de Justicia los datos requeridos, asunto que tiene categoría de derecho público a la información, destacan los impulsores de la movida. En el resto de las provincias, por esta iniciativa, surgieron así indicios de malversación de recursos públicos, nepotismo y ocultamiento de datos.

“Rosario es un fuero con mucho nepotismo, al punto de que hay salas de Alzada o juzgados donde hay empleados que no están capacitados, que ingresaron por ser ‘hijos de’, y ese es un perjuicio que paga la sociedad”, señaló Alvarez.

En el encuentro se confeccionaron dos cartas que serán entregadas en una semana: una dirigida al director de Anticorrupción y transparencia del Sector Público de la Provincia de Santa Fe Paulo Friguglietti, y la segunda a la responsable de la Unidad Consejo Abierto y Participación Ciudadana del Consejo de la Magistratura de la Nación Luciana Vajnenko, reclamando una serie de ítems para que ambos poderes abran el acceso a los datos solicitados.

Los ciudadanos y organismos de la sociedad civil que quieran sumar su firma a los pedidos, pueden escribir un correo a transparencia@accioncolectiva.net manifestando su interés, para coordinar un horario para acercarse a firmar.

Información clasificada

Quien pegó el faltazo en la mesa, aunque había sido invitado, fue el ministro de Justicia Ricardo Silberstein, pero se espera que para la próxima reunión, convocada por la Dirección de Gobierno Abierto, asista para tomar nota de los reclamos de la sociedad civil y responder con gestiones acordes.

Sin embargo sí participaron, además de ciudadanos y organismos, miembros de ciertas instituciones, como de la Policía de Investigaciones, y el prosecretario general del Ministerio Publico de la Acusación Juan Sánchez, quienes dialogaron sobre “la importancia de capacitar a empleados judiciales respecto de los datos de las causas, ya que en muchos casos recaen en la fiscalía NN por faltar datos, o se entorpece el entrecruzamiento de datos”, recordó el jurista Tristán Álvarez, quien puntualizó que “el momento de registro de datos en toda causa debe ser unívoco, y en realidad los partes preventivos no siempre los registran igual (un error de tipeo, un punto, etc.), y así el sistema se entorpece al no sincronizarse las diferentes causas sobre un mismo acusado o damnificado”.

 

También participaron funcionarios del Programa de Justicia Abierta de la Nación, con datos que ellos relevaron del Tribunal Oral Federal, y se comprometieron a brindarlo a la Dirección de Gobierno Abierto de la Provincia.

 

El derecho a la información pública

En el país la ley 27.275 (de octubre de 2016) establece el libre acceso a la información pública, pero como es nacional, solo obliga a los organismos nacionales.

En la provincia la aplicación de la ley provincial perdió por cuarta vez en el Senado el estado parlamentario, y ahora deberá ingresar nuevamente en Diputados.

“Esta Justicia parece una monarquía, el ciudadano entra a un palacio, tiene que pedir por escrito un dato que deberá esperar indeterminadamente. Es un una corporación intocable, en medio de una república”, finalizó.