"Ya se tiene identificado a los periodistas extranjeros que están causando sedición y el ministro de Gobierno va a tomar las acciones pertinentes en todo esto". La advertencia fue realizada por la ministra de Comunicación del gobierno interino de Bolivia, Roxana Lizárraga, y puso en alerta a los corresponsales nacionales que se encuentran cubriendo las protestas en La Paz.

La preocupación de los comunicadores que están realizando su labor en el altiplano tiene una explicación legal: si son detenidos pueden quedar en prisión hasta tres años.

La sedición es un levantamiento grupal contra los gobernantes, las autoridades o el orden vigente. Por lo general, se la considera como una acción que tiene una gravedad menor que una rebelión o una revolución, en términos jurídicos. 

Según el artículo 123 del Código Penal boliviano, “serán sancionados con reclusión de uno a tres años los que sin desconocer la autoridad del Gobierno legalmente constituido, se alzaren públicamente y en abierta hostilidad, para deponer a algún funcionario o empleado público, impedir su posesión u oponerse al cumplimiento de leyes, decretos o resoluciones judiciales o administrativos, ejercer algún acto de odio o de venganza en la persona o bienes de alguna autoridad o de los particulares o trastornar o turbar de cualquier otro modo el orden público”.

Tras la amenaza de la funcionaria boliviana, los reporteros argentinos se refugiaron en la Embajada argentina para impedir el arresto de los profesionales.