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Pullaro on fire: jueces defienden las escuchas pero no sabían del ministro

La defensa y contraataque de Maximiliano Pullaro hizo saltar este miércoles a la corporación de jueces santafesinos con un comunicado que refuta al ministro de Seguridad y explica por qué la intervención a sus teléfonos celulares no han sido ilegales. Por cierto, el Colegio que los agrupa reveló los serios motivos que los fiscales tenían para solicitar esas escuchas que ahora lo tienen complicado en lo penal al responsable político de la policía santafesina en el gobierno de Miguel Lifschitz.

El Colegio de Jueces Penales de Primera Instancia de Distrito de Santa Fe defendió la medida dispuesta por los jueces Sandra Valenti -primero- y Nicolás Falkenberg -después- quienes autorizaron la intervención a una serie de teléfonos solicitadas por el Ministerio Público de la Acusación. Los magistrados reafirmaron que esas escuchas fueron “legales y correctas”. Y negaron alguna animosidad política para perjudicar al gobierno provincial, ya que en muchos casos -sostuvieron- los jueces desconocen la identidad de la persona sobre las cuales un fiscal le pide autorización para espiarle las conversaciones telefónicas. Puntualmente, sobre la escucha al ministro de Seguridad inclusive aseguraron que desconocían que se trataba de su teléfono móvil, y que no llegó a sus manos “el material de las escuchas, que competen al pedido e investigación de los fiscales, quienes explicarán sus argumentos del caso”. De esa manera, desligaron responsabilidades de Falkenberg y Valenti y trasladaron el foco del asunto hacia el pedido de los fiscales Roberto Apullán y su adjunta, María Laura Martí.

Los Tribunales de Santa Fe, un hervidero en los últimos días. 

El Colegio de Jueces Penales de Primera Instancia de Santa Fe se reunió para pronunciar en forma institucional y unánime la actuación de dos de los suyos. "La mecánica de trabajo fue correcta, ya que en este caso fue presentado el pedido con urgencia, y por esto como en muchos casos, no se requiere conocer las identidades para aprobar las actuaciones”, precisó un vocero de prensa del Tribunal de la ciudad de Santa Fe a Rosarioplus.com.

Nicolás Falkenberg, como juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), fue uno de los magistrados de turno que autorizó las escuchas -puntualmente, la del ministro Maximiliano Pullaro- y hasta el momento fue el único que declaró públicamente, este miércoles en un medio santafesino. Falkenberg dijo que no sabía de quiénes eran las líneas telefónicas que los fiscales le solicitaron pinchar. Por esta razón, el ministro de Justicia, Ricardo Silberstein, deslizó que los jueces fueron engañados por el fiscal Apullán. 

Falkenberg opinó que estas identidades son “un dato relevante que debería haberse informado, no se puede omitir”, respecto del pedido que hizo el 30 de septiembre la fiscal Martí. Sobre esta fiscal, en el comunicado los propios jueces puntualizaron que “la propia peticionante consignó desconocer la titularidad de los abonados cuya intervención peticiona, situación ésta que no obstaculiza la procedencia de la intervención telefónica, toda vez que se trataría supuestos hechos ilícitos en curso de ejecución, teniendo en cuenta la urgencia alegada a tales fines”. Es decir que la fiscal Martí tampoco sabía de quiénes eran los teléfonos que pidió intervenir.

La fiscal Martí, adjunta de Apullán, dijo que no sabía sobre quién pedía
las intervenciones telefónicas.

Falkenberg subrayó que los fiscales Apullán y Martí le solicitaron en dos oportunidades activar las escuchas: “Se insistía con la urgencia de desarrollar la intervención inmediata por la fluidez de las comunicaciones y la gestación de futuros delitos”.

Motivos invocados para pinchar el celular

En el comunicado del colegio judicial se revela que la fiscal  Martí requirió intervención de cinco líneas telefónicas "con carácter de urgente, en el marco de la investigación por delitos contra la Administración Pública, falsificación de documento público, llevada a cabo por las autoridades de la División Investigaciones Judiciales y Administrativas de la Unidad Especial de Asuntos Internos Delegación Zona Centro Norte".

La fiscal argumentó que "se trata de información relevante  para la causa, datos precisos sobre la comisión de hechos delictivos que revelan animosidad en entorpecer la investigación en curso lo que incluye además la participación necesaria de individuos que a la fecha, no revestían dicha calidad”.

A esto sumaron que en un segundo correo electrónico Martí precisó que "se está llevando a cabo la planificación de comisión de hechos de apariencia delictiva, tendientes a lograr mediante estrategias de ascensos jerárquicos en la plana policial para en forma urgente tomar represalias con personal (...) además de indicar la utilización de contactos políticos para que los acusadores públicos recibamos una advertencia por parte de las autorizaciones”. 

El juez Nicolás Falkenberg autorizó las escuchas. Dijo que no sabía
sobre quiénes iban a ser.

Sobre el recorrido de los pedidos de escuchas, el vocero del Tribunal santafesino recordó que “un fiscal solicita con argumentos al juez de turno de intervenir uno o varios números, y una vez aceptado, la Oficina de Gestión Judicial se dirige a las tres empresas de telefonía y a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que lo lleva a cabo. Luego, éstas empresas informan a la Fiscalía las identidades de los propietarios de las líneas y emiten los informes de las escuchas”.

El comunicado institucional está firmado por el propio Falkenberg y sus colegas Sergio Carraro, Susana Luna, Luis Silva, Jorge Patrizi, Eduardo Pocoví, Jorge Pegassano y Héctor Candioti.

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