Dos abogados de la ciudad amanecieron el 1º de enero con una decena de llamadas perdidas. La familia de Lautaro Pellegrino, el joven de 24 años que atropelló a Marianela Ojeda en Sarmiento al 3000, movió sus contactos para saber qué hacer y cómo actuar en las horas posteriores de un accidente con fuga. Los consejos en medio de un relato poco claro fueron coincidentes: acercarse a un Centro Territorial de Denuncia (CTD) para dejar asentado el "incidente".

Al día siguiente, el 2 de enero, Pellegrino se presentó en el inmueble ubicado en calle Mendoza 3538, uno de los ocho CTD que funcionan desde 2014 en Rosario, "organismos de la administración pública provincial que gestionan un sistema de atención, orientación y recepción de denuncias relativas a hechos delictivos o contravenciones en el marco de faltas provinciales".

Lo atendió la oficial Maialen Guiñazú, quien abrió el legajo Nº 0-2001-00014-2019-9 y subió al sistema informático de la dependencia una ficha con la siguiente descripción:

"Aproximadamente a las 8 horas me encontraba circulando en mi vehículo por calle Sarmiento en sentido norte sur. Al encontrarme entre las calles Gaboto y Amenábar escucho un impacto en la parte delantera derecha de mi vehículo, más precisamente en el parabrisas. Ante esto me asusto y detengo mi marcha al hacer un par de cuadras. Luego busco a mi papá, quien se encontraba en mi casa, le comento lo sucedido y nos acercamos juntos nuevamente al lugar del hecho. Al llegar, no había nada, ni nadie para preguntar si habían visto algo".

El joven estampó su firma en el papel, salió del organismos público y regresó a su casa como si nada grave hubiese pasado.

Las denuncias que se realizan en los CTD son, en teoría, "enviadas automáticamente, vía online, a la sede de cada una de las fiscalías correspondientes". Pero el legajo de Pellegrino no llegó nunca a la mano de ningún fiscal. La denuncia quedó perdida en el sistema durante siete días. Tampoco se cursaron las actuaciones policiales que se iniciaron tras la denuncia de un testigo en la Comisaría 15ª.

Recién el 9 de enero, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) informó sobre el caso. "En el día de la fecha a raíz de las manifestaciones públicas vertidas se toma conocimiento del hecho desde Fiscalía y se solicitan las actuaciones policiales correspondientes pertenecientes a la Comisaría 15", rezó aquel parte.

En ese momento, ocho días después del atropello, el fiscal Marcelo Maximino ordenó los primeros peritajes. El relevamiento de las cámaras de la zona, una de las medidas solicitadas, ya lo había hecho la mamá de Marianela.

La mujer se acercó a la cuadra del accidente y tocó casa por casa para hacerse de alguna filmación. Encontró las imágenes gracias a la predisposición del dueño de una cochera que aceptó revisar las cintas de su dispositivo.

"Hay una desorganización importante entre la coordinación de las denuncias"

Los abogados consultados por Rosarioplus.com coincidieron en que Pellegrino hubiese quedado detenido si la misma denuncia la radicaba en una comisaría. Lo hubiesen retenido para la averiguación de antecedentes, además de exigirle al auto para un primer examen visual.

 

Su asesoramiento, por ende, resultó clave: se presentó en una dependencia pública, radicó una denuncia, se fue a su casa con un documento oficial, no quedó detenido y su legajo quedó archivado y perdido en el sistema informático del CTD.

"Los abogados saben que muchas veces los CTD son una salida transitoria, una zona gris a la que le sacan su provecho. En este caso hay un papel que sirve como excusa jurídica para la defensa", detalló un profesional que conoce muy bien el paño.

En su día, en medio del crecimiento de las denuncias en estos nuevos organismos descentralizados, su titular, Pablo Polito, puntualizó "las ventajas" de los trámites.

"En el mismo momento que la persona termina de hacer su presentación, ésta es enviada a través del sistema informático al Ministerio Público de la Acusación. Y más aún, se lleva un número de trámite que días más tarde le permite conocer el estado de su denuncia y qué fiscal está a cargo de ella", explicó en una nota publicada por el diario La Capital.

Sin embargo, la realidad hoy marca otro panorama. "Lamentablemente hay una desorganización muy importante entre la coordinación de las denuncias y la recepción de Fiscalía para iniciar una investigación. Hay denuncias que no se cargan bien en los CTD, otras que en Fiscalía no las encuentran. Hay un déficit en el entrecruzamiento de datos, de eso no hay dudas", agregó la fuente consultada por Rosarioplus.com.

La sinceridad del fiscal del caso

El fiscal Marcelo Maximino imputó este lunes a Lautaro Pellegrino por el delito de lesiones culposas agravadas por tratarse de lesiones graves, por conducción imprudente de carácter temerario y por abandono del lugar sin socorrer a la víctima. La expectativa de pena para este delito oscila entre los dos y cuatro años de presión.

Maximino reconoció que la Fiscalía no recibió las notificaciones del caso en tiempo y forma. "Son circunstancias que se están investigando. No sabemos por qué el personal policial demoró las actuaciones", explicó en rueda de prensa.

La fiscal Karina Bartocci, de la Unidad de Violencia y Corrupción Institucional, abrió un expediente paralelo para determinar las responsabilidades por estas omisiones e irregularidades.  

Ordenó copias de libros de guardia de la Comisaría 15 para constatar si se llamó y si se dio aviso a algún fiscal; solicitó la recopilación de las medidas tomadas por parte del personal policial y el informe con los horarios en qué llegaron las primeras actuaciones; y pidió una entrevista con el oficial de guardia que habría recibido la denuncia del testigo. 

Sobre la denuncia en el CTD, Maximinio admitió que "las notificaciones no son inmediatas". La afirmación va en contramano de lo que pregonan estos organismos: que los legajos son enviados "automáticamente" a las fiscalías correspondientes.

"Todo esto generó, sin dudas, impedimentos en la investigación", se sinceró. El más visible, tal vez, sea la imposibilidad de comprobar si el conductor estaba drogado o alcoholizado. 

Marianela, al cabo, fue de víctima de Pellegrino, quien la arrolló y se fugó a alta velocidad. Y también de una burocracia judicial con llamativos grises y que está lejos de funcionar como debería.