La Secretaría de Asuntos Penitenciarios santafesina anunció este martes que planea la contratación de un servicio de comunicaciones móviles y de un sistema de escáner para reducir el uso de los celulares en las cárceles, que permite a los jefes de las organizaciones criminales continuar operando desde las dos unidades penales más importantes de la provincia. 

El secretario Pablo Cococcioni dijo que está planeando "un proyecto de vanguardia" en el sistema penitenciario y solicitará a Nación "la contratación de un servicio integral de comunicaciones móviles en Coronda y Piñero".

Se trata de un sistema de inhibición de telefonía móvil que pueda ir actualizándose conforme los avances tecnológicos de los celulares y que no limite la señal de las zonas circundantes con las unidades penales. A ésto se suma un sistema de detección para escanear a las personas que ingresan al penal, tanto de familiares como empleados penitenciarios, "para minimizar el riesgo de que exista contrabando".

El recrudecimiento de los crímenes en Rosario que involucran a Los Funes y los Camino en los primeros meses del año puso en evidencia que el encarcelamiento no constituye un límite a la organización de actividades ilícitas desde los penales.

Durante la audiencia imputativa contra Alan Funes (19), un joven acusado de integrar un clan criminal del sur de Rosario enfrentado a otra banda, se expusieron las escuchas en las que ordena el tiroteo del frente de una casa.

Las mismas escuchas pusieron de manifiesto que otro preso condenado a 17 años por un asesinato, René Ungaro, ordenaba entregarle a un hermano de Funes una metralleta FMK3 así como la distribución de municiones entre miembros de la banda que se encuentran en libertad.

Otro caso conocido es el de Ariel Máximo "Guille" Cantero (27), uno de los jefes de la narcobanda "Los Monos", quien hace tres meses fue procesado como organizador de un secuestro extorsivo. Cantero está detenido hace cuatro años en la cárcel santafesino de Piñero, desde donde a través de un teléfono celular coordinó un secuestro.

Ahora, el gobierno provincial procura contratar un servicio de inhibición que no limite la señal en los alrededores de las cárceles y que pueda actualizarse de modo paralelo a los avances de la telefonía móvil.