Los nombres de los 18 oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas que serán indagados en Tierra del Fuego bajo la acusación de haber torturado a soldados durante la guerra de Malvinas, fueron revelados por fuentes oficiales vinculadas al caso.

El juez Federal de Ushuaia, Federico Calvete, los citó en función de “cuantiosos elementos probatorios” que “permiten sospechar la comisión de delitos”, según puede leerse en la resolución judicial adelantada por Télam ayer.

El fiscal federal de la ciudad fueguina de Río Grande, Marcelo Rapoport, con la asistencia de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH) solicitó en mayo de este año la “detención e indagatoria” de 26 militares. Según la acusación, solo en la Isla Gran Malvina se produjeron 22 vejámenes contra soldados, “específicamente en el ámbito de la Fuerza de Tareas Yapeyú, donde se desempeñó el Regimiento de Infantería N°5 , al que estaban subordinadas cinco compañías militares”.

De acuerdo a la Fiscalía, las autoridades militares con asiento en las islas “habrían ordenado y ejecutado contra soldados conscriptos diversos actos de tortura -entre ellos, los conocidos `estaqueamientos´ y `enterramientos´- como forma de controlar las alegadas indisciplinas que generaban las penurias que padecía la tropa a causa, fundamentalmente, de la falta de abrigo y comida”. En la causa hay 105 hechos de torturas denunciados y 95 militares mencionados.

Los nombres

Se trata de Miguel Ángel Garde, Belisario Gustavo Affranchino Rumi, Eduardo Luis Gassino, Jorge Oscar Ferrante, Emilio José Samyn Duco, Jorge Guillermo Díaz, Luis Alfredo Manzur, Raúl Antonio Linares, Pablo Emilio Hernández, Claudio Tamareu, Jorge Arnaldo Romano, Ramón Eduardo Caro, Sergio Alberto Guevara, Oscar Luis Contreras, Francisco Gabriel Rivero, Oscar Albarracín, Ramón Desiderio Leiva y Gustavo Adolfo Calderini.

El caso todavía tiene pendiente una discusión judicial paralela, acerca de si se trata de delitos de lesa humanidad, y por lo tanto no sujetos a prescripción. El juzgado de primera instancia y la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia consideraron que son crímenes de lesa humanidad, pero aún resta por resolver un recurso de queja presentado ante la Cámara Federal de Casación Penal.