En sus últimas visitas al Instituto de Rehabilitación del Adolescente (Irar), los funcionarios del Ministerio Público de la Defensa volvieron a toparse con casos de torturas y malos tratos contra quienes están encerrados. Según se especificó, se corroboró "que el instituto no cuenta con mecanismos ni protocolos adecuados para la prevención y detección proactiva de hechos de malos tratos y tortura, su documentación y registro, la producción y preservación de evidencia, de litigio y por ende, de sanción; como así tampoco tiene herramientas adecuadas y efectivas para preservar a las víctimas del riesgo de represalias en caso de realizar denuncias".

Estas irregularidades derivaron en la presentación de habeas corpus y un fallo judicial que obliga al Irar a adecuar los protocolos de detención de acuerdo con las normas internacionales, entre otras exigencias. Pero los cambios, de efectuarse, llegarán tarde para la familia Paulazzo. En abril 2012, a Facundo (17 años) lo encerraron por un robo contra la propiedad. Pasó la madrugada en un calabozo de la Comisaría 30, donde lo torturaron. Fue golpeado y luego asfixiado con una bolsa de plástico, método conocido como "submarino seco". Al día siguiente, lo metieron en un patrullero y lo depositaron en una cama del Irar. 

Por la gravedad de las lesiones, el joven fue trasladado al Hospital Centenario. Estuvo un día internado. Al regresar al Irar, una empleada levantó el teléfono de la administración y marcó el número del Ministerio Público de la Defensa. "A este chico lo golpearon con saña", describió. Al ser entrevistado, Facundo contó su calvario. "Quiero hacer la denuncia", dijo.

La presentación se hizo ante la Unidad de Información y Atención de Víctimas y Denunciantes del Ministerio Publico Fiscal por el delito de apremios y torturas contra una parte del personal de la Comisaria 30. El escrito recayó en el Juzgado en lo Penal de Instrucción 12. La investigación nunca avanzó.

Paulazzo recuperó la libertad. Pero en octubre cayó nuevamente preso. Su nombre apareció ligado al crimen de Juan Carlos Iriarte, de 25 años, ocurrido en la esquina de República de Irak y Cruz Chica, en barrio La Cerámica, en la zona noroeste de la ciudad. Para la policía se trató de una fatal pelea entre dos grupos antagónicos. Los vecinos del barrio vincularon el crimen a la venta de droga.

Al tener la mayoría de edad, lo trasladaron a un penal. Un mes y medio después fue liberado por la falta de pruebas en su contra. El 30 de diciembre, a plena luz del día, Paulazzo cayó abatido por una bala policial en Palestina y Camino de los Granaderos, sobre la colectora de Circunvalación. El parte de la Unidad Regional II describió un caso de legítima defensa. 

Según se explicó, un policía de civil se desplazaba en moto con un amigo cuando dos jóvenes les salieron al cruce, los amenazaron con un arma y les exigieron el rodado. El efectivo accedió al pedido. Pero una vez que les entregó la moto se identificó como policía, extrajo su arma reglamentaria y jaló el gatillo. La Justicia se aferró a este relato. La familia Paulazzo sigue dudando de la versión oficial