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Caso Paris: el flash de la autopsia, la bombacha perdida y los videos que no están

La familia de María de los Ángeles Paris, la bibliotecaria que murió dentro de la Comisaría 10ª, presentó una denuncia contra el fiscal de la causa por las “graves irregularidades” en la investigación. Los errores y las omisiones recorren todo el expediente. El detalle de las anomalías

La violencia institucional tiene, cuanto menos, características propias en Santa Fe. La multiplicación de casos (gatillo fácil, muerte en custodia, desapariciones forzadas, etc.) en los últimos años es tan solo el apéndice estadístico de esta triste particularidad. El fenómeno local tiene otros patrones que se repiten cada vez que alguna fuerza de seguridad del Estado está sospechada de matar.

Las malas y deficientes investigaciones son moneda corriente cuando hay uniformados implicados en expedientes judiciales. Pasó con Franco Casco, con Gerardo “Pichón” Escobar y con víctimas más anónimas, como Alejandro Ponce, Carlos Godoy o Maximiliano Zamudio, cuyas causas están archivadas y con denuncias de parcialidad. En todos estos casos, la versión oficial –la policial—se tomó como verdad revelada.

Esta semana, la familia de María de los Ángeles Paris, la bibliotecaria que murió en un confuso episodio en el interior de la Comisaría 10º el pasado 3 de mayo, presentó una denuncia administrativa contra el fiscal de la Unidad de Homicidios Dolosos, Luis Schiappa Pietra, a quien acusan de cometer “graves irregularidades” en la investigación.      

La presentación da cuenta de un llamativo cúmulo de anomalías. Una primera autopsia muy deficiente; la pérdida de prendas, arbitrarias desestimaciones de las peticiones de los abogados de la familia (el apartamiento, por ejemplo, de la policía de Santa Fe en la investigación); falta de identificación de testigos claves; la demora en el secuestro de los celulares de los efectivos que trabajaron esa noche en la comisaría; grabaciones fílmicas y telefónicas incompletas; y hasta la negligencia de búsqueda de pruebas en denuncias anónimas que podían aportar datos importantes al expediente.

Lo que no se hizo o se hizo mal: detalle por detalle  

Rosarioplus.com accedió a la denuncia de 15 carillas que lleva la firma de Erika Martina Salazar, hija de la docente y querellante de la causa. Del documento se desprenden irregularidades ya difundidas y otras que hasta hoy se desconocían. A saber:

- La autopsia: Para la familia de Paris, no se cumplió con “los requisitos básicos que impone la bibliografía nacional e internacional para la investigación adecuada de casos de muerte en custodia”. Entre los errores más burdos se señala imágenes tomadas por “fotografías analógicas, cuyo flash interfiere en la fiabilidad” de las lesiones externas.

En lo que hace al examen interno, no se ilustraron, por ejemplo, “las estructuras cervicales, tampoco se describe su evisceración y apertura de las vías aéreas por su cara posterior como resulta de rigor”, lo que impide definir la existencia o ausencia, mediante maniobras de brazo y antebrazo, de lesiones por compresión extrínseca del cuello que pudieron producir la muerte.

“El inadecuado control y conducción de la investigación llevada a cabo por el Fiscal ha frustrado pruebas que no se han podido reproducir en la reautopsia”, se lee en la denuncia.

- El rol de la policía en la investigación: Los estándares internacionales indican que cuando hay sospecha de un caso de violencia institucional,  toda la investigación tiene que ser llevada adelante por personal independiente de la institución, agencia o persona que pueda ser objeto de la indagación. Los abogados defensores de la familia Paris solicitaron en cuatro oportunidades que la Policía de Santa Fe no participe en la recolección de pruebas.

Sin embargo, el Fiscal Schiappa Pietra encargó distintas intervenciones a la propia policía provincial. Tres ejemplos: 1) Investigación sobre las prendas. El día 13/6/2017 le pidió a la División Judiciales de la URII la investigación sobre el destino de la vestimenta que llevaba María de los Ángeles al momento de su fallecimiento. 2) Secuestro de teléfonos celulares del personal policial en funciones el día de la muerte de María de los Ángeles encomendado a Asuntos Internos según oficio 730/17 de fecha 15/5/2017. 3) Y estudio biológico de muestras extraídas en autopsia realizado por el Laboratorio Biológico de la PDI según oficio 744/17 de fecha 17/5/2017.

- Prendas perdidas: Según consta en las fotografías que acompañan el acta de levantamiento del cadáver (4/5/2017 a las 00:25 hs. en la Comisaría 10ª), el cuerpo de María de los Ángeles estaba vestido.  El Informe de la primera autopsia indica que el cadáver ingresó al Instituto Médico Legal con una bombacha y un par de medias. Sin embargo, no hay ningún registro de qué se hizo con las prendas que vestía al ingresar a la dependencia policial.

Antes esta irregularidad, el fiscal le solicitó al Jefe de la División Judiciales que informe el destino de estas prendas. La respuesta no tardó en llegar: ninguna de las personas que actuaron en el primer relevamiento del lugar había recibido la orden del fiscal, quien se encontraba en el sitio, de secuestrar y preservar adecuadamente las prendas de la víctima, por lo que dicha medida no se tomó.

- Falta de identificación de testigos: Del expediente se desprende que varias personas que estuvieron presentes en el velorio que se realizó esa noche en la cochería ubicada frente a la comisaría vieron correr y forcejear a María de los Ángeles con los policías. La casa velatoria aportó un video en el que se observa cómo dos hombres que se encontraban en el sitio se suben a un umbral para observar lo que ocurría en la calle en el momento en que a la mujer la llevaban para dentro de la dependencia.

La identificación de estos testigos la hizo meses después la fiscal Bartocci ante la omisión de su colega.  “Concretándose la entrevista mucho tiempo después, con las consabidas dificultades que ello implica, en tanto el paso del tiempo dificulta la retención de la información”, se explica en la denuncia.

- SIES y 911: La defensa denuncia que a la fecha no se cuenta con la información requerida mediante Oficio 754/2017 en el que se requiere al SIES los legajos de los/as operadores/as que atendieron las llamadas en relación al caso. Mientras que la documentación aportada por el director del SIES está “incompleta y en algunos puntos, ilegible”.

1) Faltan los audios de dos llamadas entrantes, la de las 22:13 y la que tuvo lugar 10 minutos después. 2) El audio en el que la operadora del 911 se comunica al SIES está cortado. 3) falta la comunicación en la que SIES indicó maniobras a los policías de la comisaría. Y 4) en uno de los audios se escuchan gritos de fondo, por lo que la defensa requirió que se explore la posibilidad de fragmentar el archivo de modo que permita analizar el sonido ambiente. “Tampoco en este punto se recibió una respuesta a pesar de lo relevante que resulta profundizar la investigación sobre este audio”.

Secuestro de los celulares de los agentes policiales: “Inexplicablemente –dice la denuncia-- el fiscal Schiappa Pietra ordenó el secuestro de los teléfonos celulares de todos los policías que esa noche cumplieron funciones dos semanas después de ocurrido los hechos”. No se puede asegurar, por tanto, que “los aparatos secuestrados sean los mismos que los que los agentes utilizaron durante ese día, ni que no se hayan producido alteraciones en los mismo”.

“Un accionar diligente lo hubiera constituido el secuestro inmediato de la totalidad de los celulares del personas que se encontraba en la escena de los hechos, tal como lo establece la resolución 12/14 del Ministerio Público de la Acusación para este tipo de hechos”, plantea la querella.

Las cámaras de calle Santa Fe y Richieri: Un testigo declaró que vio a María de los Ángeles María de los Ángeles Paris descender de un taxi en la zona de Santa Fe y Riccheri, antes de dirigirse a la comisaría. Por tal motivo,  Schiappa Pietra ordenó a personal de la PDI el revelamiento de las cámaras filmadoras que se encontraran en esa zona.

El 3 de junio, la PDI informó que se había hecho el relevamiento requerido. Pero recién 16 días más tarde se realizaron los oficios. Muchos de los registros solicitados se borraron automáticamente en ese lapso de tiempo.

Algunos de los inmuebles requeridos (el caso del Hospital Agudo Ávila y la casa velatoria Caramuto) informaron no contar con los archivos fílmicos de la fecha indicada “por el tiempo transcurrido”.

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