En el rubro exportaciones, el Senasa modificó el año pasado el sistema de controles de bodegas que debían efectuar los buques de ultramar que ingresan al Gran Rosario, por donde se despacha más del 75% de los productos agrícolas de todo el país. En materia de importaciones, la Dirección General de Aduanas resolvió en estos días suspender la información que se entregaba mes a mes sobre la mercadería adquirida en el extranjero.

El diputado nacional Carlos Del Frade (FSyP) denuncia que ambos hechos se enmarcan en la decisión política del gobierno nacional de “beneficiar y ceder soberanía” ante las firmas multinacionales.

“La semana que viene vamos a volver a pedir informes sobre las irregularidades en el Senasa y sobre este apagón informático. La relación es directa. Hoy el Estado está al servicio de estas empresas”, afirma el legislador en diálogo con Rosarioplus.com

Senasa: designación ilegal y cambios para favorecer a las exportadoras    

Esta semana, el periodista Matías Longoni (ex Clarín) describió con lujo de detalles el cúmulo de irregularidades en la nueva gestión del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), organismo que, entre otras tareas, se encarga de controlar el tráfico de las importaciones y exportaciones de los productos, subproductos y derivados de origen animal y vegetal.

La nota se titula “La Cámpora del PRO y los controles de Senasa en el puerto de Rosario” y puede leerse en el portal Bichos de Campo, especializado en noticias del sector agropecuario.

Según describe Longoni, el 17 de agosto del año pasado, Senasa unificó las dos regionales en que estaba dividida la provincia de Santa Fe, y colocó allí al mando a quien estaba a cargo de la regional Santa Fe Norte, el veterinario Víctor di Pasquale, de larga trayectoria en el organismo.

Sin embargo, en paralelo, se decidió crear una “Coordinación de Puertos, Aeropuertos y Aduanas Secas”, un puesto con más competencia. El nuevo cargo quedó en manos del contador Cristian Cunha, un militante del PRO sin experiencia alguna ni en el Senasa ni en ninguna otra dependencia estatal.

“Cunha salía a timbrear con Roy López Molina. Lo ubicaron en ese cargo para que sea el portavoz de una política a favor de las multinacionales. Se hizo salteando la normativa interna de Senasa que es muy clara respecto a los nombramientos”, explica Del Frade.

Cunha ejerció el cargo sin nombramiento formal desde agosto de 2016 a mayo de este año, cuando las autoridades del Senasa recién oficializaron su puesto en el Boletín Oficial.

“En ese lapso teóricamente debía reportar a su superior inmediato, Di Pasquale, el jefe de la Regional Santa Fe. Pero quien manejaba el crítico puerto rosarino no lo hizo: reportaba directamente al jefe nacional del Senasa, Jorge Dillon, y al vice del organismo, Guillermo Rossi. Pero sobre todo Cunha respondía a quien impulsó su designación en Rosario, el secretario de Agricultura, Ricardo Negri”, describe Longoni.

En medio de la designación y el nombramiento de Cunha y sus colaboradores, Dillon firmó la Resolución 37/2017, que modificó el sistema de controles de bodegas que debía efectuar el Senasa en los buques de ultramar que ingresan al Gran Rosario para cargar granos y subproductos.

Por esta resolución, Del Frade presentó en junio una denuncia penal contra el presidente Mauricio Macri y parte de su gabinete por el corrimiento del Estado de los controles a las exportaciones; y otra denuncia contra Cristian Cunha por  "usurpación de cargo".

La última novedad dentro del Senasa ocurrió el 14 de agosto cuando el vicepresidente del organismo Guillermo Rossi firmó la resolución firmó la resolución 520/2017 que dispone la “limitación de funciones” para Di Pasquale, muy crítico de la gestión ante esta cantidad de irregularidades.

Aduana: sin datos por un apagón estadístico

A través del Observatorio de Importaciones, el gobierno de Santa Fe venía mes a mes monitoreando la entrada de la mercadería del exterior y su impacto en la industria local. El último informe se elaboró en junio. La información dejó de estar disponible en julio por la decisión de la Aduana nacional de anular el acceso a los datos.

Este criterio no sólo contradice las recomendaciones internacionales sobre normas de fiscalización de las transacciones, que apuntan a su máxima transparencia para combatir el delito económico, sino que además, en este caso, priva a la industria de tener algún tipo de control contra las prácticas de dumping en la importación, léase el ingreso del producto por debajo del costo en su país de origen, con el fin de destruir a la competencia local.

Días atrás, el ministro de Producción Luis Contigiani admitió su preocupación por no poder disponer de información muy valiosa a la hora de llevar adelante políticas públicas en beneficio de la industria local.

“Gracias a los informes que podíamos difundir se han tomado valiosas medidas antidumping para limitar la entrada de mercadería con la que es imposible competir”, subrayó.

Como todavía falta la oficialización de la medida, no se sabe aún el alcance real de esta decisión. Hay quienes sostienen que se trata de un “apagón temporal” debido a la Aduana está llevando a cabo una revisión de su metodología y de sus sistemas informáticos. La otra versión indica que el apagón llegó para quedarse debido a que el gobierno entiende que la información “viola el secreto fiscal”.