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Cacería policial: solo cinco efectivos continuarán con prisión efectiva

El juez de la causa resolvió liberar a siete oficiales que tenían prisión preventiva por el delito de encubrimiento y morigerar con prisión domiciliaria a otros dos uniformados para lo que resta del proceso judicial. Sólo los policías más comprometidos seguirán en prisión. Los familiares de las víctimas temen por su seguridad con los efectivos en la calle 

David Campos (28 años) y Emanuel Medina (32) fueron fusilados el 23 de junio por un grupo de policías. Volvían de bailar en un Volkswagen Up, vehículo que una de las víctimas había sacado hacía muy poco de un concesionario tras un largo plan de cuotas. Según consta en el expediente, un agente de la policía motorizada se "sintió provocado" porque los jóvenes pasaron por delante suyo "con música fuerte y con los vidrios polarizados". Los persiguieron durante 30 minutos por varias calles y accesos de la zona sur. Los acribillaron sin mediar palabra una vez que el auto detuvo su marcha.

A partir de los peritajes y de las pruebas recolectadas a lo largo del expediente (recorrido de los móviles, croquis de la escena del crimen, cámaras de seguridad, videos de vecinos, e informes balísticos) se llegó a la conclusión que algunos policías dispararon sin motivo -se descartó el fuego cruzado- y otros adulteraron la escena para entorpecer la investigación intentando simular un enfrentamiento. 

En un primer momento, el fiscal Adrián Spelta, a cargo de la investigación, imputó a 18 policías (13 hombres y cinco mujeres pertenecientes al Comando Radioléctrico y a la PAT).  Acusó al oficial Alejandro Bustos por el delito de homicidio calificado por abuso de función o cargo y al resto de sus compañeros les achacó la figura de encubrimiento doblemente agravado.

Durante las primeras audiencias, todos los agentes involucrados memorizaron la versión oficial para incriminar a las víctimas y desviar la causa hacia un caso de legítima defensa. Pero ese pacto de silencio se quebró. Las oficiales Ramírez y Lezcano cambiaron sus declaraciones, admitieron que mintieron por estar bajo amenaza y contaron que el oficial que manejaba el móvil en la que ellas se desplazaban fue quien fusiló a Campos.  Con esos dos testimonios como prueba, Spelta imputó también por homicidio al policía Emiliano Mendoza. 

Hasta este martes, todos los imputados --salvo las dos policías que rompieron el pacto de silencio-- estaban con prisión preventiva. Algunos con cárcel efectiva y otros con arrestos domiciliarios. 

Sin embargo, en la última audiencia, el Juez de Primera Instancia Hernán Postma dispuso la libertad como alternativa a la prisión preventiva fijando domicilios y cumplimiento de reglas de conductas para siete policías: Daniela Abraham, Germán Mareco, Walter Ocampo, Alexis Tannuer, Ricardo Almada, Alejandro Bolanio y María de los Ángeles Ramírez. 

Además morigeró el régimen de detención para Aldo Benítez y Claudio Canclini, quienes a partir de ahora quedarán bajo arresto domiciliario, al igual que Paola Lorena Cano y Javier Cardozo, quienes ya gozaban de ese beneficio. 

El magistrado, en tanto, ratificó la prisión efectiva para Alejandro Bustos, Marcelo Escalante, Hugo Daniel Baroni, Leonel Emiliano Mendoza y Fernando Hernán Varela, los policías más comprometidos de la causa. 

Malestar y temor en las familias de las víctimas

Los familiares de David y Emanuel denunciaron "graves irregularidades" durante las dos jornadas de audiencia. A través de un comunicado, la Multisectorial Contra la Violencia Institucional se quejó de las "decisiones infundadas e inconstitucionales" del juez. 

"En primer lugar, prohibió el ingreso de familiares, referentes institucionales y medios de comunicación de nuestra ciudad a la audiencia, sin notificación previa y sin una argumentación fundada, violando el artículo 142 del Código Procesal Penal. En segundo término, negó a las abogadas querellantes que representan a las familias de David y Emanuel pronunciarse en la audiencia", planteó el colectivo con suma preocupación.  

Las denuncias continuaron en la audiencia de esta tarde cuando los familiares de las víctimas fueron llevados al mismo recintos donde esperaban los allegados de los policías. "Todo fue caótico, la pasamos muy mal. Es gravísimo lo que pasó. Quedamos muy disconforme con el accionar judicial en estas audiencias", señaló Erica Espinosa, prima de David, en diálogo con Rosarioplus.com

Y concluyó: "Esperábamos la ratificación de las prisiones efectivas para los autores materiales y para los principales encubridores. Eso nos da tranquilidad. Pero también es cierto que nadie nos da garantiza que vamos a tener seguridad y tranquilidad con siete policías en libertad".

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