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CFK denunció "grupos de tareas" del gobierno macrista para perseguirla

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner denunció que el anterior gobierno de Cambiemos armó "verdaderos grupos de tareas desde distintas agencias del Poder Ejecutivo Nacional", como la AFI, la AFIP, la UIF y la OA, "que articularon una feroz e inédita persecución" en contra suya y de su familia.

Así lo manifestó la ex presidenta en sus redes sociales, donde indicó que hizo sendas presentaciones ante la justicia federal de Río Gallegos y ante la AFIP por "la utilización ilegal de procedimientos judiciales y administrativos por parte de funcionarios públicos y de sectores del poder judicial".

Según sostuvo Fernández de Kirchner, en ambos escritos queda demostrada "la forma en que funcionarios de la AFIP actuaron como un grupo de tareas y que, en coordinación con sectores del Poder Judicial, operaron en la clandestinidad para armar un juicio de ejecución fiscal" contra su persona.

"Una perlita: al 'procedimiento' clandestino lo iniciaron el 26 de octubre del 2017, cuatro días después de ser electa senadora nacional por la provincia de Buenos Aires. Aunque sean un poco extensos, leanlos… Vale la pena", añadió.

"Para los que todavía no creen en la existencia del lawfare, cuyo objetivo es la destrucción de opositores políticos mediante la utilización ilegal de procedimientos judiciales y administrativos por parte de funcionarios públicos y de sectores del poder judicial, en perfecta coordinación con los medios de comunicación hegemónicos…", escribió la vicepresidenta en su cuenta de Twitter.

En ese sentido, continuó: "Para los que aún no se enteraron que a partir de que Mauricio Macri llegó al gobierno, el 10 diciembre del 2015, se armaron verdaderos grupos de tareas desde las distintas agencias del Poder Ejecutivo Nacional (AFI, AFIP, UIF, OA, etc…) que articularon una feroz e inédita campaña de persecución contra mi persona y mi familia…

"Para todos ellos, les dejo dos escritos en archivo adjunto. Uno que se presentó esta mañana (de lunes 3) ante el juez federal de Río Gallegos. El otro, fue presentado también esta mañana ante la Administradora Federal de Ingresos Públicos, Lic. Mercedes Marcó del Pont", sostuvo.

Denuncia por escrito

"Expresamente hubo un direccionamiento de la actividad de la AFIP hacia mi persona, todo lo cual se agrava, además, por las ostensibles irregularidades cometidas una vez que fui seleccionada arbitrariamente (falta de notificaciones, ajuste realizado sin observar ninguna documentación, etc.)", sostuvo la ex presidenta en el texto entregado a la justicia federal de Río Gallegos.

En la presentación judicial, patrocinada por su abogada Romina de los Angeles Mercado, la vicepresidenta pidió la nulidad de lo hecho en el caso y de la ejecución de esa supuesta deuda.

"Estamos frente a un caso claro de desviación de poder que vicia y nulifica todo el proceso de determinación de oficio que desembocó en la emisión de las boletas de deuda en ejecución, puesto que se han utilizado las prerrogativas de fiscalización que legalmente le corresponden a la Administración Federal de Ingresos Públicos con el fin de hostigar y perseguir a esta parte", agregó.

El reclamo de la deuda se inició por una orden de fiscalización "impartida por la Fiscalía Federal de Río Gallegos a la AFIP", con lo cual -señala el texto- "se ha perseguido un fin diferente del que la ley 11.683 le asigna al ente recaudador, desviándose así de la finalidad legal del poder que le ha sido conferido".


"Se le ordenó al organismo recaudador que inicie un procedimiento de verificación y determinación de oficio contra mi persona, lo cual viola expresamente las normas reglamentarias de AFIP que establecen los criterios de selección de contribuyentes a ser fiscalizados. Se trató de un evidente direccionamiento hacia esta contribuyente, con el inocultable objetivo de realizarle un ajuste impositivo bajo cualquier circunstancia", denunció.

La deuda reclamada se vincula al Impuesto a las Ganancias de 2011, 2012, y 2016 y se determinó de oficio en una suma de 2.122.615 pesos más intereses y multa , según informó la vicepresidenta en el escrito.

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