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Autopista a Santa Fe: un fin de concesión sin "culpables" que deja muchas dudas

Tal como se preveía, el gobierno resolvió cerrar el capítulo con Arssa mediante un arreglo consensuado. De esta manera, el emporio de empresas que manejó la traza con incumplimientos e irregularidades no será sancionada. Para parte de la oposición se trata un "escándalo que no tiene precedente en la provincia"

La autopista a Santa Fe se integra al sistema nacional Telepase.
La autopista a Rosario-Santa Fe, una traza clave en la provincia.

Se podría titular como la crónica de arreglo anunciado. El gobierno provincial decidió hacer las paces con la firma que hasta el año pasado manejó la concesión de la autopista Rosario-Santa Fe. Amparándose en los resultados de un estudio técnico y jurídico, optó por un acuerdo "sin culpas ni cargos". El poder Ejecutivo desiste por lo tanto de sancionar a la empresa por sus incumplimientos contractuales.

Arssa, una UTE conformada por las compañías que se dividen casi toda la obra pública de la provincia, administró la autopista desde el 31 de diciembre del 2010 hasta enero de 2017 cuando la Casa Gris decidió romper el vínculo por el incumplimiento de uno de los objetivos centrales fijados en la licitación: la repavimentación total de la traza. 

Los informes técnicos realizados por dos facultades de la UNR concluyeron que la empresa repavimentó apenas el 24% de la traza y que no respetó los estándares de calidad exigidos por contrato. El perjuicio económico para las arcas del Estado se calculó en 1.554,8 millones de pesos. 

Con el decreto de recisión sobre la mesa, diputados y senadores de la oposición exigieron que el Tribunal de Cuentas, órgano que debe determinar las responsabilidades en las percepciones y/o inversiones con dinero público, se expida sobre lo actuado.

El pronunciamiento nunca llegó. Sin embargo, a fines de abril del año pasado, el Fiscal de Estado, Pablo Saccone ordenó revisar el contrato por no haber “suficiente claridad y precisión” en la recisión del vínculo.

Ante ese pedido, Lifschitz ordenó someter a revisión el convenio de extinción por mutuo acuerdo celebrado entre la provincia y Arssa. Le ordenó al ministerio de Infraestructura, a cargo de José León Garibay, “la implementación de un procedimiento definitivo de análisis y determinación de la responsabilidad que le puede caber a las partes (o, incluso a terceros) en la frustración del contrato en un plazo de 180 días”. Se contrató a un estudio privado esta evaluación.

El resultado se hizo público en las últimas horas. El informe avaló la intención inicial del gobierno de cerrar el capítulo con Arrsa sin peleas jurídicas. “Déjese establecido que la extinción de común acuerdo es sin culpas para las partes. No existen derechos pendientes para ninguna de las partes sobre las cuestiones involucradas en la relación contractual que se extingue”, se lee en el decreto Nº 90 publicado el 1º de febrero.

Los argumentos

En el informe técnico, que lleva la firma del Ingeniero Civil Miguel Gueydan, se sostiene que “la evolución desfavorable de las condiciones macroeconómicas y el estado estructural del pavimento real frente a la información suministrada en el proceso licitatorio, condicionaron el accionar tanto del concesionario como del concedente” y que “si bien el concesionario cumplió parcialmente con la obligación de repavimentar la autopista, debió implementar un plan de mantenimiento de la calzada mucho más exigente y de mayor envergadura del previsto, que le implicó consumir el 735% de lo comprometido en la oferta”.

Del otro lado, la provincia como concedente “tampoco cumplió con los tiempos de pago estipulados para las obras complementarias” y aplicó “de manera extemporánea” el valor del precio por vehículo pasante, por lo que en dicha fórmula dejaron de tener “representatividad los gastos reales”.

“Luego de cuantificar y homogeneizar en el tiempo los valores correspondientes a las citadas obligaciones del Concedente y del Concesionario, el balance se presenta equilibrado”, concluye la parte técnico del informe. 

En lo jurídico, el estudio a cargo de la evaluación (Cassagne), encontró “razones suficientes” para plantear “la neutralización de la culpa de las partes”. Se interpretó que "la notable afectación de la economía del contrato tornó imposible la continuación de la concesión en las condiciones pactadas, y que ello constituyó una justificación objetiva suficiente a efectos de determinar que existieron fundadas razones de interés público para extinguirlo por acuerdo de partes".

"Estamos frente a un choreo total y absoluto"

Para el diputado provincial Héctor Cavallero (FPV), la decisión del gobierno no hace más que "agigantar un escándalo que no tiene precedente en la historia de la provincia". "Estamos frente a un estafa sin igual. Un privado que incumple su contrato en un 70% y se van sin sanción alguna. Esto es un choreo total y absoluto", planteó en diálogo con Rosarioplus.com.

El legislador recordó que fue la provincia la que en su día le encargó los estudios técnicos a la UNR para conocer el grado de incumplimientos de Arssa. "Esos resultados fueron lapidarios, entonces contrataron a profesionales que tiene un historial en defender a las empresas privadas", afirmó.

El estudio jurídico que hizo el informe "defendió muchas privatizaciones " y el ingeniero fue gerente de la Autopista Del Sol (grupo Macri). "¿Qué iban a decir?", preguntó con ironía Cavallero. "Jamás vi que se le pidan dictámenes a privados cuando tenés que defender al Estado", agregó.

Su intención es recurrir a la Justicia, aunque admite que es difícil avanzar con "todo el aparato del Estado en contra". "Tan burdo es todo que algunas de las empresas de este emporio ahora están repavimentando la autopista con fondos públicos", concluyó.

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