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Aníbal, Abal Medina y otros ex funcionarios, a Tribunales por Fútbol Para Todos

El fiscal federal Gerardo Pollicita pedirá este viernes la citación a declaración indagatoria, inhibición de bienes y prohibición de salida del país de los ex jefes de Gabinete del kirchnerismo Aníbal Fernández y Juan Manuel Abal Medina; de los ex coordinadores de Fútbol para Todos Gabriel Mariotto y Pablo Paladino; y del empresario Alejandro Burzaco por el supuesto pago de sobornos para la adquisición de derechos televisivos del fútbol a miembros de la Commebol para luego venderlos al Estado Nacional a "precios irrisorios".

En el dictamen que a primera hora de mañana entregará al juez federal Daniel Rafecas, Pollicita aludió a la "existencia de una maniobra delictiva llevada adelante en el marco de las contrataciones entre funcionarios del Estado Nacional y la empresa 'Torneos y Competencias SA" para ocho torneos entre 2011 y 2013 por un total de 33.050.000 dólares que el Estado Nacional "fue abusivamente obligado" a pagar, según el escrito al que accedió Télam.

Mariotto fue coordinador del Fútbol para todos.

El fiscal ya firmó su dictamen pero llegará recién mañana al juzgado de Rafecas porque hoy no hay actividad en tribunales debido al asueto por el día del empleado del Poder Judicial.

El pedido de Pollicita se conoce después de las declaraciones, ante la Fiscalía de Nueva York, de Burzaco -ex CEO de Torneos y Competencias- quien reveló ayer ante la justicia que su empresa, la brasileña Globo y la mexicana Televisa acordaron "repartir la carga" para pagarle a Julio Grondona, el extinto presidente de la AFA, una coima de 15 millones de dólares para obtener los derechos televisivos de los mundiales 2026 y 2030.

"Puede afirmarse, con el grado de certeza requerida en esta etapa, que las contrataciones llevadas a cabo por el Estado Nacional resultaron arbitrarias en tanto por un lado excedieron los objetivos del Programa Fútbol para Todos y de la normativa que fundó las mismas y por otro, se violó normativa específica que regulaba el modo de contratación", advirtió el fiscal Pollicita. Además, se sostuvo que el Estado Nacional "se desprendió de cuantiosas sumas de dinero a los fines de adquirir los derechos televisivos detallados por un precio superior al de su valor de mercado".

Los entonces jefe de Gabinete Fernández y Abal Medina "obligaron al Estado Nacional a adquirir en forma antojadiza los derechos en cuestión, excediendo claramente la normativa en la que fundaron su obtención". El fiscal se basó en una denuncia presentada por la Procelac luego de que saliera a la luz el escándalo internacional del "Fifagate" referido a la venta de derechos de televisión, marketing y publicidad al Estado Nacional "en forma ilegal obteniendo así ganancias exorbitantes, todo ello en claro detrimento del patrimonio público".

El suicidado Delhon trabajaba para Jefatura de Gabinete cuando estaba
Juan Manuel Abal Medina.

Para Pollicita, los ex funcionarios "obligaron al Estado Nacional en forma abusiva a los fines de adquirir derechos de televisación de diversos torneos de fútbol y, a su vez, abonaron por los mismos sumas que exceden ampliamente su precio de mercado".
La fiscalía advirtió además sobre el "rol preponderante" que tuvieron en la maniobra los directivos de TyC Burzaco, Juan Manuel Ripoll, Leonardo Ellemberg y Alberto Pomato, todos con pedido de indagatoria.

En el marco del programa Fútbol para Todos, entre el 24 de febrero de 2011 y el 27 de diciembre de 2012, "las autoridades del mismo y de la Jefatura de Gabinete de Ministros obligaron al Estado en forma abusiva a través de diversas adquisiciones de derechos televisivos de eventos vinculados a la selección nacional de fútbol a la empresa Torneos y Competencias S.A. y a otras empresas relacionadas a dicha sociedad", según describió en el dictamen. Para ello el Estado habría pagado sobreprecios en la compra de los derechos televisivos.
 

Pollicita pedirá a Rafecas que ordene 19 declaraciones indagatorias, entre ellas las de los ex funcionarios y empresarios mencionados, además de dictarles la inhibición de bienes y prohibirles la salida del país.

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