Personal de la PDI llevó adelante este miércoles una serie de allanamientos en Venado Tuerto, Armstrong y Rosario como parte de una investigación que lleva más de un año y que busca desenmascarar una posible estafa inmobiliaria en el sur de la provincia.  La Fiscalía  Regional movilizó a buena parte de su personal para los procedimientos y anticiparon que en los próximos días se definirán las imputaciones para los involucrados. Escribanos y abogados, bajo la lupa.

En una conferencia de prensa celebrada en Venado Tuerto, donde se realizó la mayoría de los 14  allanamientos, el fiscal Matías Merlo confirmó que los efectivos se presentaron en nueve domicilios particulares, cuatro escribanías y un estudio jurídico. “Esta es una causa que empezó hace un año con diferentes denuncias que se fueron realizando tanto por damnificados en el MPA, como en el Registro de la Propiedad”, contó el fiscal.

Merlo habló de una “supuesta estafa en algunos movimientos inmobiliarios” como campos y viviendas urbanas. Semanas atrás, Rosarioplus.com informó sobre una maniobra para apropiarse de manera ilegal de unas 500 hectáreas en jurisdicción de San Eduardo, Maggiolo y Venado Tuerto en un ilícito con marcadas similitudes con lo ocurrido en Rosario con la denominada “megastafa”.

Por otro lado, el fiscal de Venado Tuerto Juan Pablo Lavini aclaró que a partir de la primera denuncia “luego se sucedieron otras y hay algunas que son de 2017”. También reveló que incluso el Gobierno de Santa Fe aportó algunas denuncias.

"Próximamente decidiremos las imputaciones a realizar en la causa", amplió el fiscal. La investigación tiene bajo la lupa a dos reconocidos profesionales de Venado Tuerto y este miércoles por la mañana se realizaron allanamientos en sus domicilios particulares y laborales.

Lavini indicó que encontraron “indicadores comunes y coincidencias de personas que nos hacen pensar en una organización”.

"No hay una modalidad exclusiva, siempre hay un trasfondo en el cual les necesaria la intervención de una escribanía", agregó el fiscal. La alteración de poderes para la venta es uno de los ilícitos que la Fiscalía intenta develar.