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Un genocida con perpetua ahora goza de cuarentena domiciliaria en Rosario

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Rosario dio a conocer públicamente que el pasado viernes se le otorgó la prisión domiciliaria a Walter Pagano, ex personal civil condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad en los diferentes tramos de la Causa Guerrieri en los Tribunales Federales de Rosario.

Pagano estuvo sentado en el banquillo de los acusados por crímenes de lesa humanidad investigados en las causas Guerrieri I, II y III, y fue condenado a la pena de prisión perpetua por privaciones ilegítimas de la libertad, torturas, robo de bebés, homicidios y desapariciones.

Operaba durante el terrorismo de Estado en el Batallón 121 con asiento en Rosario, y se confirmó que ya se encuentra cumpliendo la prisión domiciliaria en su vivienda de la zona sur de Rosario.

El beneficio se dio a partir de que un grupo de genocidas de la última dictadura cívico militar pidió prisión domiciliaria a raíz de la pandemia que llevó a la emergencia sanitaria bajo el decreto de cuarentena obligatoria.

"Quienes solicitaron la prisión domiciliaria con fundamento en COVID-19 son Ernesto Vallejo, Rubén Lofiego, Lucio Cesar Nast (Condenados en la causa FECED), Juan Daniel Amelong y Juan Andrés Cabrera”, informaron desde APDH. Y si bien la mayoría fue denegada, Pagano resultó beneficiado por el juez de cámara Germán Sutter Schneider, quien firmó la resolución en la que ordena que “se coloque al detenido Walter Salvador Pagano la tobillera electrónica, y una vez verificado ello, notifique al nombrado de que continuará el cumplimiento de sus condena en su domicilio”.

El Personal Civil de Inteligencia es uno de los más reconocidos agentes de la patota que actuó durante la última dictadura en Rosario al mando de Leopoldo Fortunato Galtieri, en el marco de un circuito de centros clandestinos de detención y tormentos, que funcionaron bajo la órbita del Segundo Cuerpo de Ejército, como La Calamita, Quinta de Funes, La Intermedia, Escuela Magnasco, Fábrica Militar y el propio Batallón 121.

Desde APDH apuntaron a la negligencia de que "no fue cursado aviso ni notificado a dicho organismo", mientras que Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Rosario, repudiaron la resolución del juez de Cámara, con un comunicado en sus redes. “El único lugar para los genocidas es la cárcel. Fue genocidio, nunca más, no olvidamos, no perdonamos, no nos Reconciliamos”, reza un fragmento de su comunicado.

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