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Pedro Arredondo, un ladrón retirado y perseguido por la mala fama y la policía

Pedro Eduardo Arredondo tuvo lo que se llama cartel. “Lo mío es un legajo bastante grande, desgraciadamente”, dijo en una entrevista en la cárcel de Coronda, donde pasó parte de su vida. Participó en asaltos resonantes, se asoció con figuras conocidas del hampa, fue detenido y cumplió varias condenas de prisión. Pero ahora espera que le concedan la razón en un reclamo en el que insiste desde hace más de quince años: la revisión del robo a una delegación del Banco de Santa Fe, en el que según afirma fue involucrado por una venganza policial.

El robo en cuestión ocurrió el 12 de agosto de 1997, cuando una banda de delincuentes armados con una ametralladora y pistolas Browning tomó por asalto la delegación del Banco de Santa Fe en la entonces Dirección General Impositiva de Cochabamba 1550. El intento fue frustrado por un policía de custodia, que mató a dos de los asaltantes, Dámaso Carlos Herrera y Juan Antonio Piris.

Arredondo fue detenido más tarde en su casa de Esmeralda al 4100 por policías de Robos y Hurtos. “Que me detengan por un hecho que es mío, bueno. En éste no tengo nada que ver. Los jueces tienen que investigar”, declaró. Pero el Tribunal Oral Federal número 1 de Rosario lo condenó a 15 años de prisión y lo declaró reincidente.

En 2004, después de llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación sin respuestas, el abogado Jorge Monteil inició un reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El 3 de enero pasado, la Comisión abrió el caso con el número 13.061 y pidió al representante de Arredondo “sus observaciones adicionales en un plazo de cuatro meses” para resolver si deriva la denuncia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Frente de la DGI poco después del asalto del 12 de agosto de 1997.

Los hechos

La investigación judicial del asalto a la delegación del Banco de Santa Fe dejó varios interrogantes sin responder. Pese a que hubo ocho testigos, no se pudo determinar la cantidad de personas que participaron en el robo y tampoco se estableció con certeza el rol que tuvieron los acusados. Una de las dificultades fue que el episodio ocurrió en escasos minutos y ninguno de los empleados presentes pudo observarlo en su totalidad; otra, las propias deficiencias de las averiguaciones.

Según la sentencia del Tribunal Oral Federal número 1, “al menos cuatro personas” ingresaron alrededor de las 14 de aquel día al lugar. Juan Antonio Piriz y Miguel Angel Cantero -domiciliado en Las Flores, como la hoy célebre familia del mismo apellido- redujeron al sargento de la Policía Federal Jorge Cattáneo y lo hicieron tirar al piso junto con tres empleados de la DGI. Otros dos asaltantes -Herrera y Arredondo, según los jueces Santiago Harte, Otmar Paulucci y Laura Cosidoy- avanzaron hacia el sector donde funcionaban las cajas recaudadoras del banco.

Los asaltantes actuaron a cara descubierta. Uno llevaba una ametralladora y un handy y el otro una bolsa de consorcio. Querían las llaves de la caja fuerte.

-Somos un comando -aseguró el de la ametralladora-. Estamos con la policía.

El cajero dijo que no tenía las llaves y, sin ser notado, mientras lo obligaban a tirarse al piso con otros tres compañeros, activó la alarma que comunicaba a la oficina con la central del Comando Radioeléctrico.

No fue el peor contratiempo para la banda. Herrera y su grupo ignoraban que había otro policía de custodia en el lugar. Era el oficial subayudante Walter de Marco, de la policía provincial, que estaba escondido detrás de un armario y entró en escena con su arma una vez que los empleados del banco se tiraron al piso.

De Marco dijo que abrió fuego contra el asaltante que llevaba la ametralladora y volvió a resguardarse. Segundos después, hizo un nuevo disparo contra uno de los delincuentes que estaba cerca de la puerta.

El policía federal retirado Antonio Andrés Gómez vivía enfrente de la DGI y se asomó a ver qué pasaba. Según su relato observó la fuga de cuatro asaltantes. Uno se fue corriendo hacia la calle Presidente Roca -los jueces no lo identificaron, pero podría tratarse de Piris, que estaba herido- y otros tres -uno de ellos Herrera, también herido- subieron a una moto estacionada en la vereda.

Como la moto no arrancó, los asaltantes abordaron a otra que estaba a la par y huyeron a toda velocidad. Como suele decirse, no llegaron muy lejos.

Una caída tras otra

A las 14.35, el SIES recibió un llamado para asistir a un herido grave en el dispensario de Pasaje Valdez 1128 (Sarmiento entre 24 de Septiembre y Seguí). Un vecino había llevado a Dámaso Herrera al lugar después de encontrarlo en la calle. Los jueces deslizaron sospechas al respecto, porque el titular del dispensario conocía a Juan Antonio Piris, a quien llamaban Tony.

La ambulancia llegó junto con varios patrulleros del Comando Radioeléctrico. El médico encontró a Herrera lúcido, ubicado en tiempo y espacio, pero sin conciencia de la gravedad de su estado. Tenía una herida de bala en el tórax y otra en el abdomen.

Dámaso Herrera ingresa herido al Heca, después del asalto a la DGI.

Según los policías que lo entrevistaron -entre ellos el oficial Mario Farley, más tarde acusado de participar en el fusilamiento de los menores Jesús Capitani y Sergio Callejas y luego sobreseído- Herrera estaba enojado con sus socios porque lo habían abandonado y sin que nadie le preguntara dio la dirección de un domicilio en Libertad al 200 de Villa Gobernador Gálvez y acusó en particular a un hombre de apellido Vallejos.

En el lugar apuntado, el Comando Radioeléctrico detuvo a Cantero y a José Luis Rojas, quien también sería acusado de participar en el robo, y secuestró la moto que según el testigo Gómez habían utilizado tres de los asaltantes para huir y un Renault 18 que tenía manchas de sangre en el tapizado. También cayó en la redada la novia de Rojas.

Herrera murió el 21 de agosto de 1997 en el Hospital de Emergencias. Nacido en Rosario -y no en Uruguay, como se suele decir-, había liderado la banda que el 25 de junio de 1993 intentó otro asalto espectacular al irrumpir en el Policlínico Pami II de Arroyito en un día de pago de sueldos y en medio del público. En lo que se pareció mucho a una ratonera (hecho delictivo que la policía conoce de antemano pero deja que se produzca para generar una intervención sangrienta), cuatro delincuentes terminaron muertos y otros siete -entre ellos Arredondo, entonces prófugo de la cárcel de Coronda- fueron detenidos y pasaron tres años en prisión preventiva, hasta ser liberados en junio de 1996 por el juez Edmundo Flores.

La oficina de la DGI estaba dedicada al cobro de impuestos. El 12 de agosto de 1997 era un día de vencimientos. Sin embargo, según el cajero, cuando llegaron los asaltantes la mayor parte del dinero ya había sido retirada del local.

“Herrera siempre es nombrado cuando hay asaltos importantes a bancos”, confió un vocero policial citado por la prensa de la época. Lo mismo podía decirse de Arredondo. De hecho, inmediatamente después del asalto agentes de Robos y Hurtos le exhibieron su fotografía a los empleados. Y al caer de la tarde de aquella jornada llamaron a la puerta de su casa y lo detuvieron.

Dámaso Herrera (tercero desde la izquierda) en una rueda de reconocimiento de detenidos.

Preguntas

Nadie sabe cómo hizo Juan Antonio Piris para escapar, quién lo ayudó, cómo fue que logró salir de Rosario y volver a Resistencia, su ciudad natal. El 18 de agosto la policía de Chaco informó su muerte a causa de la herida recibida en el enfrentamiento con el oficial De Marco. Le había dicho a los médicos que lo atendían que su novia le había pegado un tiro por celos.

Nadie sabe tampoco qué se hizo de Mariano Ismael Vallejos, como se identificó al hombre que abandonó a Herrera cerca del dispensario. La justicia  lo declaró prófugo.

Y nadie, finalmente, explicó con claridad cuántas personas intervinieron en el asalto, si hubo seis acusados -Herrera, Piris, Arredondo, Vallejos, Rojas y Cantero- y cuatro ingresaron a la DGI.

Arredondo, el Perro según le decían, concentró la atención policial y después la de la justicia. Su historia como asaltante lo condenaba. De acuerdo a sus familiares, nunca fue amigo de Dámaso Herrera, a quien conoció en la cárcel de Coronda. Jorge Barquero -que se convirtió en escritor en prisión, después de ser acusado de participar en un secuestro- lo evoca al pasar en su libro Sabihondos y suicidas.

En abril de 2003 entrevisté a Arredondo en Coronda. “Tengo mis antecedentes, seguro, de muchos años. Yo he estado en el asalto a blindados, tengo un montón de hechos”, reconoció.

Sin embargo, aseguraba ya entonces que después de salir en libertad en la causa por el Pami II había resuelto abandonar el delito. Y decía que Robos y Hurtos le quería cargar el robo a la DGI como revancha por la resolución de aquel hecho y de otro, un asalto a la Empresa Provincial de la Energía donde también se sospechó de Arredondo. Lo perseguían la mala fama y los policías.

Dos empleados del banco y el ex policía Gómez lo reconocieron en las fotografías de Robos y Hurtos, y uno de ellos también lo señaló en rueda de personas. La duda sobrevoló al menos uno de los reconocimientos cuando se hizo el juicio oral, en septiembre de 1999. “Por ahí las fotos se me confunden”, dijo una testigo. Además de Arredondo, en el proceso fueron condenados Cantero, Rojas -intentó deshacerse de dos pistolas Browning en la casa de un vecino- y su novia.

El abogado Monteil sostiene que los reconocimientos fueron inducidos por la policía. “Arredondo siempre atribuyó la acusación en la causa por la DGI a un revanchismo policial. Eran otras épocas, la gente que estaba de uno y del otro lado se conocía bien. La policía santafesina se manejó siempre -y se sigue manejando hoy- con una libertad y una falta de control del Poder Judicial que llevan a ese tipo de abusos”, dice.

Armas secuestradas.

Monteil destaca otro aspecto de la causa: el oficial De Marco “no reconoció a Arredondo” como el asaltante que llevaba la ametralladora, cargo que le endilgó el Tribunal Federal.

Arredondo presentó como testigos a cuatro vecinos de Esmeralda al 4100 que aseguraron haberlo visto en su casa el día del asalto, al mediodía y a la tarde temprano. Los jueces afirmaron que sus testimonios no lo cubrían y que existía la posibilidad de que hubiera ido y venido del lugar hasta la DGI, distante 36 cuadras.

Armas secuestradas.

Sin embargo, la investigación no acreditó pruebas al respecto. El juez Harte pidió que se indagara por falso testimonio a tres de los vecinos de Arredondo, de donde surgió una causa que concluyó rápidamente con la falta de mérito y el sobreseimiento de los testigos.

“Nunca se revisaron los hechos -dice Monteil-, principalmente la participación que se le atribuyó a Arredondo. Se produjeron pruebas que lo situaban en un lugar distinto al de la DGI y además hubo contradicciones y absurdos”.

Hoy, a los 78 años, después de cumplir su condena de prisión, “Arredondo es una persona dedicada a su vida y a su familia”, dice Monteil. “Tiene algunos problemas de salud. Quedó bastante afectado por el tema de la DGI, porque siempre se manifestó ajeno al hecho y nunca pudo entender por qué lo habían condenado”, agrega el abogado. Todavía no parece dicha la última palabra sobre su historia, si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respalda su denuncia.

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