La prisión domiciliaria concedida al represor Miguel Etchecolatz desató una avalancha de expresiones de repudio. El que los fundamentó fue el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, Emanuel Lovelli, quien deploró el fallo del Tribunal Oral Federal (TOF) 6 y advirtió que los controles de cumplimiento "son muy laxos", y denunció que "muchas veces" son supervisados por organismos de derechos humanos, a pesar de que ese control es "responsabilidad del Estado". "Tenemos que velar porque los criminales del Estado cumplan no ya con la pena en una cárcel, sino que se cumplan sus condiciones de arresto domiciliario", lamentó Lavelli.

El abogado remarcó que los controles "son responsabilidad del Estado y del Poder Judicial" pero que "muchas veces son los propios organismos de derechos humanos los que lo hacen". Así se expresó el patrocinante de Abuelas de Plaza de Mayo, quien ayer realizó, junto con la abogada querellante Guadalupe Godoy, una presentación judicial ante el Tribunal Oral Federal 1 de la Plata, donde se sustancian la mayoría de las causas contra Etchecolatz, para solicitar que se revea el domicilio donde residirá por encontrarse a pocos metros de la vivienda de una de las víctimas del represor.

"En el Bosque Peralta Ramos (Mar del Plata) hay familiares y víctimas directas de las torturas que aplicaba Etchecolatz a los secuestrados", explicó el abogado. Lavelli recordó que en cada uno de los seis juicios que el represor fue condenado "tuvo la oportunidad de mofarse de la situación de la desaparición de López, y dar algún tipo de mensaje al respecto", al referirse al albañil desaparecido luego de testimoniar en contra del represor.

"Su actitud mostraba no sólo el cinismo y perversidad de un asesino como él sino el grado de conciencia de la situación que se estaba viviendo", dijo el abogado. Ayer, los jueces que integran el TOF 6 -José Sobrino, Julio Panelo y Fernando Canero- 
concedieron el beneficio al multicondenado represor de 88 años por su avanzada edad pero también por su deteriorado estado de salud, según indicaron en un fallo de 28 páginas.

Repudio colectivo

En tanto, una decena de organizaciones de derechos humanos consideraron que la prisión domiciliaria concedida al represor Miguel Etchecolatz "marca un retroceso gigantesco para el proceso de Memoria Verdad y Justicia". Afirmaron además que "para un asesino como él, no hay otro sitio que la cárcel común, perpetua y efectiva". 

En un comunicado con el título "Etchecolatz es el límite", las organizaciones advirtieron que, así como en los años '90, "si no hay Justicia, habrá escrache para los genocidas", en referencia a manifestaciones frente a los domicilios de los represores para visibilizarlos ante la sociedad. Con la firma de Madres de Plaza de Mayo-línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Comisión Memoria, Verdad y Justicia de la zona Norte, entre otras, el comunicado asegura que Etchecolatz goza de "libertad encubierta como prisión domiciliaria".

"El camino del 'dos por uno' que trazó la nueva Corte Suprema, que habilitó las libertades a domicilio con el fallo a favor del genocida (Felipe) Alespeiti ha abierto las puertas para este verdadero agravio a la memoria, las víctimas, sus familiares, los organismos de derechos humanos y a la democracia", expresaron.