Profesionales de la salud alertan sobre el avance concreto del Gobierno nacional para implantar la Cobertura Universal de Salud (CUS), un nuevo sistema que en los papeles garantizaría el acceso equitativo a la salud. Sin embargo, desde el Movimiento por el Derecho a la Salud (MDS) explican que, de aplicarse, el sistema ajustaría las prestaciones a un nivel mínimo, dejando de lado el derecho a la salud para darle lugar a un modelo promercado.

En julio de 2016 se impulsó la Cobertura Universal de Salud (CUS), mediante decreto 908/2016 del Poder Ejecutivo, para “garantizar el acceso equitativo y de calidad a los servicios médicos de personas sin obra social ni prepaga” a partir de una asistencia integral del Estado, según explica el Gobierno.

Los detractors opinan que la CUS viene a hacer lo contrario, aparece en un momento de profundo avance sobre derechos adquiridos y es parte de ese paquete de medidas de ajuste. “Se propone cambiar la lógica del derecho humano por el de la cobertura y la prestación, ligada al planteo privado”, afirma  Fernanda Boriotti, integrante del MDS.

Además, apuntan que la misma es promovida desde organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Fundación Rockefeller, entre otros, en sintonía con los sistemas de salud aplicados en Estados Unidos, México y Chile.

Para su aplicación, es necesario que los Estados provinciales la acepten, como ya lo hicieron las provincias de Córdoba, Entre Ríos, Salta y Jujuy. Por eso es que el Sindicato de Profesionales de la Salud (Siprus) y la Federación que los agrupa (Fesprosa) exigen la no adhesión de Santa Fe a esa reestructuración del sistema público. Para sumar adhesiones a la postura convocaron a charlas en Santa Fe y Rosario, y este 30 de agosto se realizará otra, en el Hospital Provincial de Rosario.

Qué propone la CUS

Según la versión oficial, el sistema intenta que todos los habitantes tengan una cobertura de salud  con acceso a todas las prestaciones que indica el Programa Médico Obligatorio, bajo un registro en un banco de datos. Los que no tienen ninguna cobertura al momento, cerca de 15 millones de personas, van a tener una integral del Estado.

Jorge Lemus, ministro de Salud de la Nación explicó en su lanzamiento: “Antes, quien no tenía cobertura iba al hospital y se atendía pero no había ninguna cobertura formal que tuviera responsabilidad. Mediante la CUS la va a tener, le van a dar todas las prestaciones y medicamentos que necesita, y si hay alguna prestación que el sistema público no puede dar, la va a convenir con el sistema privado”.

Por su parte, Boriotti replicó esto: “La estafa radica que en realidad se trata de una suerte de ‘canasta básica de salud’, por la cual sólo algunas patologías elementales podrán ser atendidas sin cargo. Para el resto, habrá que contar con recursos propios para ser atendido y curado. La garantización del derecho dependerá así del bolsillo del ciudadano, no de la política de Estado”.

De dónde sale la plata

El financiamiento saldría del Fondo Solidario de Redistribución de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) que acumula 29 mil millones de pesos, el cual sustenta a las obras sociales sindicales para tratamientos de alta complejidad o medicamentos costosos. Pero serían 8.000 millones de pesos los que se destinarían hacia un fideicomiso que será administrado por una Unidad Ejecutora con representantes del Ministerio de Salud, dos de la Superintendencia de Servicios de Salud y dos de la CGT.

Vale recordar que en este momento el propio Mauricio Macri está en plena ofensiva con los gremios, puntualmente con la CGT, y el ejemplo más claro es el desplazamiento del superintendente de Servicios de Salud, Luis Scervino, quien manejaba justamente el Fondo en cuestión. Incluso este miércoles se suspendió la reunión prevista entre el gobierno y los dirigentes cegetistas para acordar la demorada implementación y cómo destrabar los fondos.