Esther Robledo, madre de Florencia, junto a sus nietos, Valentín y Lara, en su casa de Quilmes. (Patricio Pidal / AFV)Esther Robledo, madre de Florencia, junto a sus nietos, Valentín y Lara, en su casa de Quilmes. (Patricio Pidal / AFV)
Esther Robledo, madre de Florencia, junto a sus nietos, Valentín y Lara, en su casa de Quilmes. (Patricio Pidal / AFV)

La red Atravesados por el Femicidio, junto con el equipo de litigio en Derechos Humanos Justicia y Reparación, hicieron esta semana la primera presentación en Naciones Unidas por un caso de femicidio en la Argentina, a través de un pedido de reparación ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU.

"La petición está fundada en las violaciones a los derechos humanos que sufrió la víctima principal del caso por parte del Estado argentino, consecuencia del no haber brindado la protección y vías de acceso a la justicia en un contexto de violencia de género", informó un comunicado de Justicia y Reparación.

Es la primera vez que este organismo internacional interviene en un caso de femicidio contra el Estado Argentino , como consecuencia "de no haberle brindado la protección y vías de acceso a la Justicia en un contexto de violencia de género", explican los abogados que realizaron la presentación.

El abogado Christian Berndt Castiglione explicó que con la presentación buscan cambios estructurales en las leyes y los organismos del Estado en materia de violencia de género.

El caso llevado ante la ONU es el de Florencia Albornoz, asesinada en 2010, quien "desde 2008 había hecho en distintas oportunidades denuncias por violencia doméstica contra su ex pareja, policía bonaerense, que durante años la hostigó, agredió y amenazó de muerte".

"Al momento de su asesinato tenía el supuesto resguardo de una medida de restricción de acercamiento, también llamada perimetral y, sin embargo, el agresor violó la medida para ejecutar a la joven y a un amigo de ella utilizando su arma reglamentaria", agregó el comunicado de Justicia y Reparación.

En diálogo con LT3, el letrado explicó que "el caso de Florencia es muy simbólico porque son agentes del Estado los que provocan la muerte y es el arma que pertenece al Estado".

Las autoridades sólo le permitían realizar las denuncias en la Comisaría de "Quilmes, sección primera, donde trabajaba su ex, y por lo cual éste gozaba de una amplia impunidad. De hecho, a pesar de que había sido oficialmente desvinculado de la Policía Bonaerense, seguía prestando servicio e incluso se le había facilitado una vivienda en un destacamento de Quilmes al momento en que llevó a cabo el femicidio", abunda la presentación.

En 2012, las familiares de Albornoz "iniciaron una acción civil contra la Provincia de Buenos Aires para solicitar una indemnización por daños, motivada en que el Estado le dio un tratamiento negligente a las denuncias de Florencia".

"Sin embargo, después de ocho años, este expediente todavía no fue ni siquiera abierto a prueba, por lo que sigue en la etapa inicial del proceso", sostiene.

Desde Justicia y Reparación comenzaron, hace un tiempo, a indagar en aquellos casos de femicidio donde el Estado "a través de su omisión negliente", no dio garantía de cumplimientos de derechos.

El objetivo, es que el Estado "se hagan cargo" de las observaciones del Comité enfocadas a mejorar estándares a nivel legislativo y a fortalecer políticas públicas para tratar los casos de violencia, además de otorgar una reparación económica a la familia.

"Por eso, y en este contexto de aislamiento en el que las cifras de violencia doméstica y femicidios se disparan, la familia eleva el pedido ante el organismo de derechos humanos para solicitar al Estado Argentino justicia por Florencia y por todas las mujeres que se animan a denunciar y pedir ayuda en un contexto de violencia de género", concluyen los presentadores del caso ante la ONU .