El contrapunto no deja de ser, cuanto menos, llamativo. Una firma empecinada en despedir trabajadores en un contexto de plena bonanza, con una coyuntura económica muy favorable y una facturación global récord: 7.780.821 de dólares por día.

La contabilidad le sonríe como nunca a la filial argentina de Cargill, una de las multinacionales más poderosas en materia de comercialización de granos y mercancías agrícolas.

Según los últimos números brindados por la Bolsa de Comercio de Rosario, la planta que tiene Cargill en Alvear (Punta Alvear) ocupó en 2017 el primer lugar en el ranking de exportaciones. Embarcó 3,8 millones de toneladas de granos, un 25% más que 2016 y un 121% más que en 2015.

En la propia página web de la compañía se pueden encontrar los números generales del último balance. Las filiales distribuidas a lo largo de 70 países facturaron 109.700 millones de dólares en ventas, con ganancias operativas por 3.040 millones y ganancias netas de 2.840 millones. Cinco años atrás, en 2012, la cifra fue bastante menos, superando apenas los 1.700 millones.

Con estos dividendos, la empresa tuvo en 2017 una rentabilidad neta de 324.000 mil dólares por hora y 5.403 por minuto. Hay pocas compañías en el mundo con este extraordinario margen de ganancia.

En Argentina, Cargill opera desde 1947. Con el correr de los años se transformó en “la mayor empresa exportadora argentina, y una de las líderes en alimentos, productos y servicios para el sector agroindustrial”. La firma tiene 3.000 empleados en 60 localidades y 8 provincias. Tiene   establecimientos industriales, terminales portuarias, acopios y oficinas comerciales.

Pese a estos números, a fines de enero la multinacional anunció el despido de 44 obreros de sus plantas ubicadas en el sur del Gran Rosario. Se enviaron telegramas a aquellos operarios que rechazaron los retiros voluntarios, la política elegida para reducir la plantilla

La empresa ofreció más del 100% de indemnización para los trabajadores que estaban dispuestos a firmar ese papel. Al no llegar al “número deseado”, Cargill optó por los despidos.  La intervención del ministerio de Trabajo de Santa Fe derivó en una conciliación obligatoria. La medida venció la semana pasada con la ratificación de las cesantías.

Finalmente fueron 33 los despidos, ya que 11 operarios aceptaron los retiros voluntarios. Los ánimos, entonces, se caldearon. El sindicato de Obreros Aceiteros de Rosario pidió la inmediata reincorporación y llamó a un parto de actividades. La empresa clausuró el diálogo e impidió el ingreso de estos trabajadores.

Nuevos desafíos vs disciplinamiento

Cargill reiteró en varios comunicados que contratará la misma cantidad de operarios y que los reemplazos se harán en idénticas condiciones de contratación, es decir como empleados en relación de dependencia y en las mismas zonas geográficas.

"Cargill reitera que el objetivo de esta medida no es la tercerización, ni la eliminación de puestos de trabajo, sino el reemplazo de colaboradores por otros con características y perfiles distintos y adecuados para garantizar la continuidad de las operaciones de un modo seguro, eficiente y acorde a los nuevos desafíos del negocio", señaló.

La solicitada se publicó en diarios y portales. Los puestos a cubrir son: técnicos y operadores de mantenimiento; operadores logísticos; operadores de carga y descarga de camiones; y operarios de limpieza industrial.

Daniel Yofra, secretario general del sindicaro rechazó de plano esta justificación. "Con ese argumento mañana dicen que quieren cambiar a cien y no pasa nada, todo permitido. Ellos tratan de ahorrarse la antigüedad y también mostrar poder, para adoctrinar y disciplinar”, explicó.

Y agregó: "Esto no responde a ningún motivo tecnológico ni económico sino a un intento de disciplinamiento sindical. La intención patronal, en consonancia con el contexto político nacional, es modificar el convenio colectivo de trabajo, flexibilizando y precarizando a los trabajadores".

El temor a un “efecto dominó”

Este martes, el diputado nacional Luis Contigiani (Frente Progresista Cívico y Social) presentará un proyecto en el Congreso para visibilizar la problemática. Pedirá que otros legisladores adhieran al rechazo de los despidos.

A su juicio, la situación “excede” al drama por el que están pasando por estas horas los operarios de Cargill. “Estamos ante un peligro de que esta decisión de Cargill se transformé en un mensaje peligroso para todos los trabajadores argentinos. Si esta multinacional tiene éxito en esta medida se va a dar una señal muy pero muy mala”, advirtió.

Contigiani cuestionó a la firma por “despedir sin causa” y al gobierno nacional por “avalar” decisiones de este tipo. “Empresas como Cargill ganan fortunas llevándose nuestros minerales. Lo hacen con una absoluta libertad. Tienen ventajas extraordinarias y desde que asumió este gobierno ganan fortunas con las lebacs. Estos despidos son injustos por donde se lo mire”, concluyó.

En la misma sintonía se expresó el diputado provincial Carlos Del Frade (Frente Social y Popular), otro de los dirigentes locales comprometidos con las luchas de la clase obrera. “Van por el disciplinamiento sindical, la desarticulación del convenio colectivo y la imposición de pautas de comportamiento patronales. Esta decisión política de Cargill se inscribe en la misma lógica de los despidos de Acindar en 1991. Cargill hace y deshace porque los gobiernos la dejan hacer y deshacer”, denunció.

Beneficios impositivos

En la legislatura provincial descansa un proyecto para gravar con el Impuesto de Ingresos Brutos a las cerealeras exportadoras ubicadas en territorio santefesino, entre ellas Cargill. El borrador está firmado por Del Frade y Mercedes Meier.  

Hay 12 empresas asentadas sobre la ribera del río Paraná que a partir de distintos pactos fiscales están eximidos de pagar este impuesto. En los últimos años, estas firmas facturaron un promedio total de 250.000 millones de pesos.

El proyecto de ley pide derogar el inciso g) del artículo 139 del Código Fiscal (Ley Nº 3456) que deja exento del tributo a la “comercialización de granos de cereales y oleaginosas no destinadas a la siembra y legumbres secas, efectuadas por cuenta propia por quienes hayan recibido esos productos de los productores agropecuarios como pago en especie por otros bienes y/o prestaciones realizadas a éstos”.

A su vez se solicita crear un artículo para “gravar con el Impuesto a los Ingresos Brutos, con una alícuota del 4.50%, a las exportadoras de cereal ubicadas en la provincia de Santa Fe que superan los 80 millones de pesos de facturación anual”.

“En forma paralela, los pequeños comercios de los barrios de las diferentes localidades de Santa Fe tuvieron que pagar el tributo según las alícuotas establecidas, mientras que las grandes firmas facturaban miles de pesos por minuto y, contradiciendo el mínimo sentido común, no tributaban ingresos brutos”, se argumenta en el proyecto de ley.