El último anuncio del secretario de Energía Javier Iguacel generó indignación entre quienes defienden los derechos del consumidor, tanto que desde la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina se diagramó una estrategia para frenar la medida. Su presidente, Alejandro Amor, presentó un recurso Jerárquico ante el Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, contra la Resolución N° 20/2018 y se solicitó que se ese acto.

En el recurso se fundamenta que la aplicación de cargos retroactivos a facturas ya abonadas por usuarios resulta ostensiblemente contrario a lo dispuesto por nuestro Código Civil y Comercial en su art. 880, en cual dispone: “Efectos del pago por el deudor. El pago realizado por el deudor que satisface el interés del acreedor, extingue el crédito y lo libera.”

Además, se resalta que resulta obligatorio, para la autoridad estatal, la realización de audiencias públicas previas ante cada alteración de los elementos que componen la tarifa que los usuarios deben pagar.

Finalmente, en el escrito impugnatorio, los defensores del Pueblo reunidos en ADPRA expresan que esta Resolución se dio en el contexto de emergencia energética acentuado por los exponenciales aumentos tarifarios (con estimaciones que lo fijan entre un 1800% y un 2775%, según metodología utilizada) que, como se señaló en las distintas audiencias públicas en las que participaron los defensores del Pueblo, dificultan o impiden el acceso de distintas categorías de usuarios al pago de las tarifas.

La Defensoría del Pueblo de Santa Fe brindó su apoyo al recurso jerárquico interpuesto por ADPRA en representación de los Defensores del Pueblo del país.