Los familiares de los fallecidos en la explosión del gas del edificio de Salta 2141 esperan “condena firme y penas máximas para los 11 imputados” de cara a la lectura de la sentencia en el juicio oral y público en el Centro de Justicia Penal, donde harán una vigilia previa a las 13 en la puerta en Sarmiento al 2800, y convocan a la sociedad a acompañar la lectura del fallo con transmisión en una pantalla hacia la calle.

Marcela Nissoria, miembro de la Asociación Civil Salta 2141 aseguró en diálogo con Rosarioplus.com: “El juicio confirmó nuestra hipótesis, ya que los más de 100 testigos y pruebas coincidieron en mostrar que el principal responsable es Litoral Gas, por ser una multinacional (los dueños son de Techint y de Suez) que se enriqueció con desinversiones en el servicio, si bien todos los imputados tienen diferentes medidas de responsabilidades en la cadena de negligencias y hay elementos suficientes para que nos vayamos satisfechos”. 

Nissoria, como viuda de Hugo Montefusco, una de las 22 víctimas de la catástrofe, manifestó que en la espera de cara al martes los familiares se encuentran "nerviosos y expectantes, aunque tranquilos en la conciencia de todo el esfuerzo posible para llegar al juicio al no cesar los pedidos de reuniones en oficinas públicas de todo tipo, y en el reclamo de memoria, verdad y justicia, y la memoria la ganamos cuando el terreno fue expropiado y será puesto como sitio para la memoria y la educación”.

De esta manera, los deudos esperan la máxima condena por estrago culposo, que son cinco años de prisión, y aunque desconocen el veredicto del tribunal, quieren "que estén presos aunque también el reclamo es por una mejora del servicio del gas para la ciudad, porque sigue siendo deficiente y peligroso en muchas situaciones, que tarda más de dos horas en cortarlo".

Nissoria propuso que la concesionaria del servicio de distribución domiciliaria de gas corriente desde 1992 se vaya de la ciudad. "Si es posible que el Estado expropie o intervenga para conocer cómo trabaja", y en este sentido recapituló en que "la Municipalidad debería haber sido querellante y se lavó las manos". 

Litoral Gas detenta la explotación del servicio desde 1992, cuando el gobierno nacional privatizó Gas del Estado. La concesión le fue adjudicada por 35 años, con opción de prórroga por diez años más, por lo que el contrato expirará como mínimo en 2027.

Nissoria reflexionó: "Éstas empresas con tarifas y ganancias millonarias siguen calculando que les sirve más indemnizar por muertes que invertir en seguridad, por lo que son desangelados y calculan cuánto puede salir un muerto. Duele que su actitud carezca de humanidad, ya que el único imputado que pidió disculpas durante el juicio fue el gasista Carlos García, mientras la actitud de todo el resto fue decir que no sabían por qué estaban ahí, siendo juzgados”.

Finalmente reflexionó que “el aprendizaje es para todos los rosarinos, de que los servicios deberían ser públicos como lo fueron antes, porque siguen siendo deficientes e inseguros al estar a manos de una multinacional”, mientras que para los propios familiares esbozó que “una vez leído el fallo habrá un antes y un después porque nos encontraremos con la realidad cruda después de la lucha, de encontrarnos con la pérdida de nuestros seres queridos”.