En los próximos días se conocerá la sentencia para los policías acusados de asesinar a Jonatan Herrera, el joven que en enero de 2015 lavaba su auto cuando recibió varios disparos tras quedar en medio de una persecución. Según el fiscal, uno de los tiros que terminó con la vida del joven partió del arma que manipulaba Ramiro Rosales, de la Policía de Acción Táctica (PAT) y para él se solicitó la pena de prisión perpetua. Pero en los alegatos de clausura el defensor público, Mariano Bufarini, intentó despegar de la acusación al agente en cuestión.

Al iniciar su exposición, Bufarini recordó las premisas sustentadas durante los alegatos de apertura de juicio. El abogado expresó haber demostrado que no existió relación de causalidad entre la acción de Rosales y la muerte de la víctima, que recibió disparos provenientes de tres armas distintas (uno le atravesó el pie, otro afectó el muslo derecho y el último impactó en la cabeza).  Sobre este punto la Fiscalía sostuvo durante todo el proceso que la bala que disparó el agente de las PAT fue la causante de la muerte de Herrera. La Defensa Pública indicó que dicha herida de arma de fuego "no tuvo ni la eficacia ni la entidad necesaria para ser causal de muerte".

Para respaldar su teoría, Bufarini se apoyó en los dichos del médico forense, Raúl Rodríguez, encargado de realizar la autopsia sobre el cuerpo de la víctima. El informe final había afirmado que la causa de muerte de Jonatan Herrera fue "daño encéfalo craneal grave por proyectil de arma de fuego".

Pero distinta fue la declaración de Rodríguez durante el debate en juicio. El médico dijo entonces que se contabilizaron "dos heridas mortales", incluyendo así a la provocada por Rosales. En la exposición ante las partes, el forense expresó que esa herida "debe ser dejada a su libre evolución" para que sea mortal.  

Entonces Bufarini encontró otra oportunidad. Dijo que Herrera "no fue dejado a su libre evolución" sino que fue atendido "casi inmediatamente" por un operador sanitario del Ejército y luego fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Alvarez. 

El representante del Ministerio Público de la Defensa también intentó explicar que la voluntad de Rosales fue siempre apuntar contra el delincuente que se encontraba escapando de las fuerzas policiales. Bufarini indicó que la intención de su asistido fue la de "colaborar y participar en esa persecución policial sin incorporar en ningún momento un plan de acción contra Jonatan Herrera quien posiblemente termina quedando en la línea de fuego, produciendo el desenlace lamentable".

La defensa también se centró en la imposibilidad de aplicar el agravante por abuso policial. El abogado señaló que no puede utilizarse esa figura "ya que no se han acreditado los requisitos típicos de ese agravante sumado que Rosales participó de este suceso cumpliendo expresos deberes jurídicos". Por ello, manifestó que "no existió ningún aprovechamiento de su condición de policía ya que aquí existió una persecución y un enfrentamiento y Rosales participó del mismo por lo que existieron motivos válidos para actuar", en referencia a los disparos que en realidad intentaban evitar la huida de un delincuente.

La Defensa Pública pidió la absolución de Rosales por el delito de homicidio agravado en razón del abuso de su condición como policía contra Jonatan Herrera. En total son cuatro agentes pertenecientes a la Policía de Acción Táctica y una oficial del Comando Radioeléctrico los acusados formalmente por los fiscales de la causa.