La Justicia de Rosario realizó este viernes allanamientos tras los que quedaron demoradas tres personas y se secuestró material informático "relevante para la causa" que investiga amenazas por Whatsapp a referentes de organismos de derechos humanos.

Esta mañana se realizaron tres allanamientos en Rosario como resultado de la investigación de "portabilidad numérica, titularidad de líneas y posicionamiento geográfico de antenas de titulares de líneas telefónicas de los supuestos instigadores" de las amenazas, señaló el fiscal Gustavo Ponce Asahad. "Como resultado de los procedimientos, fueron demoradas tres personas a quienes se les registraron sus datos y se evaluará su situación procesal en el trascurso del día, al completar medidas en curso", detalló.

Estos arrestos se suman a las cinco personas detenidas el jueves en sendos allanamientos realizados en Rosario y localidades de Buenos Aires. Entre esas personas se cuenta un agente de la Policía Federal con domicilio en Buenos Aires. 

En los tres domicilios allanados se secuestró material informático, celulares, notebooks, CPU y pen drives que serán peritados. El 28 de marzo, la agrupación Hijos Rosario había denunciado penalmente "amenazas, hostigamiento e intimidaciones masivas a través de grupos de Whatsapp a organizaciones de derechos humanos, sociales, políticas y legisladores".

"Muerte a Milagro Sala" o "Tucu vive", son algunos de los nombres de los grupos creados en la aplicación de telefonía celular que utiliza Internet. A través de esos y otros grupos de Whatsapp, se enviaron amenazas como "Están todos secuestrados", "Disfruten sus últimas horas libres" o "prepárense para ser raptados".

En relación a esto el fiscal planteó que "se ha utilizado cierto grado de inteligencia lo cual para nosotros es un acto de extrema gravedad. La inteligencia debe ser legal dentro de los márgenes que impone el Estado constitucional de derecho. Esto es, que la inteligencia la realiza el Estado". 

"Se han creado grupos de whatsapp, se han agregado números de personas que son denunciantes o querellantes de delitos de lesa humanidad, funcionarios y magistrados del fuero federal que intervienen en causas de lesa humanidad y también dirigentes políticos", detalló el fiscal. 

Entre los cientos de personas amenazadas, en los grupos aparecen dirigentes sociales como Alejandra Fedele y militantes de derechos humanos como Ana Moro, Iris Pérez, Pablo Álvarez, Juane Basso y Nadia Schujman.

También, diputados nacionales como Josefina González y Lucila De Ponti o concejales como Norma López, Eduardo Toniolli y Marina Magnani, y dirigentes sindicales como Javier Almirón y Paulo Juncos.

Recibieron amenazas similares el ex defensor General de la provincia Gabriel Ganón, el secretario de Derechos Humanos de Santa Fe, Marcelo Trucco, y el fiscal federal Adolfo Villate, entre otros, indicó la agrupación Hijos Rosario.