Este lunes, los Tribunales provinciales debían ser escenario de la audiencia preliminar de la Megacausa por estafas y lavado de dinero luego de semanas agitadas en donde algunos llegaron a poner en duda su realización. Pero finalmente la cita se postergó por la ausencia de uno de los abogados defensores.

La particularidad de la audiencia que finalmente no se realizó es que se esperaba estuviera atravesada por la discusión de la competencia del lavado de activos que la Fiscalía imputa en la causa. De no mediar inconvenientes y todas las partes se encuentran presente, la misma se realizará en el transcurso de la semana.

En los últimos días se definieron los parámetros de esta audiencia que tendrá como protagonistas a los fiscales de la Unidad de Delitos Económicos y Complejos, a los abogados defensores y al tribunal encargado de juzgar el caso. En primer lugar se tratará la cuestión de competencia planteada por la defensa de los escribanos Luis Kurtzemann (h) y Juan Bautista Aliau, que solicitó una medida declinatoria para que los jueces se declaren incompetentes. 

Será el Tribunal quien resuelva sobre esta cuestión: si rechaza la competencia, deberá mandar la causa al fuero federal más allá de que la Fiscalía pueda apelar. Si consideran que es materia provincial, se continuaría con la audiencia. Pero seguramente si esto último ocurre habrá apelaciones de las defensas, por lo que se acordó que se pase a un cuarto intermedio hasta que la Cámara resuelva. Posiblemente tarde unos 20 días de trámite.

Hace unas semanas, un fallo del juez federal Carlos Vera Barros agitó las aguas y generó más tensión de la que ya existía entre defensores y fiscales. Es que, ante el pedido de que la justicia federal asumiera la causa, el magistrado se declaró incompetente. Pero en su resolución concluyó que no se registraba en este caso el delito federal de lavado de activos, algo que los abogados defensores celebraron y esperan utilizar a su favor pero que en la Justicia provincial lógicamente vieron con lógica preocupación. Así se llegó a esta audiencia preliminar, con el filtro de la competencia como primer paso para dejar todo listo de cara al juicio.

Desde la Fiscalía interpretan que la intención de avanzar con el cambio de competencia es una maniobra para dilatar las cosas, y argumentan que ya se discutió esta cuestión en la audiencia imputativa, y que en ese entonces la jueza rechazó los planteos y las defensas no apelaron.

“Básicamente, se discute si la Provincia puede o no puede investigar temas de lavado. El Congreso nacional no estableció que el lavado de activos es competencia exclusiva de la justicia federal como sí lo hizo con el lavado para financiación del terrorismo”, afirmó el fiscal de la Unidad de Delitos Complejos y Económicos, Sebastián Narvaja.

Por su parte, el abogado defensor de uno de los empresarios imputados sostuvo que tienen buenos argumentos, con precedentes jurisprudenciales, para que el Tribunal provincial se declare incompetente. “Esto a la larga se resolverá en un tribunal superior, en la Corte provincial o de la Nación”, entienden desde las defensas.