Los flashes y las cámaras se quedaron con los rostros de los civiles que lideraron e integraron la primera línea de una organización delictiva que con mucha sangre propagó la venta de droga por toda la zona sur de Rosario.

Pero detrás de la mirada de Monchi Machuca, de la mueca jocosa de Guille Cantero, del inmutable rostro del Viejo y de la indisimulable resignación del Gordo Vilches se retiraron esposados las caras anónimas de la sentencia.

Ocho policías que entraron en libertad al edificio donde funciona el Centro de Justicia Penal salieron en condición de detenidos. En total fueron nueve los efectivos condenados. Uno de los agentes transitó el proceso judicial en prisión. Para los jueces quedó comprobada la participación que tuvieron dentro de la banda.

La evidencia recolectada por fiscalía no fue suficiente para sentenciar a otros cuatros policías, absueltos por el "principio de la duda razonable". Los rangos de los condenados van desde inspectores, suboficiales, sargentos, comisarios hasta jefes de unidades. Todos fueron inhabilitados por un mínimo de diez años para volver a utilizar la placa policial.

Vale recordar que otro agente, Juan "Chavo" Maciel, el más comprometido de todos, firmó un polémico juicio abreviado en abril de 2015. Fue el único policía en admitir abiertamente su colaboración con la banda. Se encargó, por ejemplo, de las gestiones para que efectivos de la comisaría 15ª liberaran en su día a Leandro Vilches y lo cambiaran por otro detenido a cambio de 35 mil pesos.

En definitiva, estas numerosas condenas contra miembros de las fuerzas de seguridad no hacen más que ratificar el engranaje clave que, muchas veces, aporta una de las instituciones del Estado en el comercio ilegal de estupefacientes.

Y si bien las voces oficiales insisten en los buenos resultados de una “profunda depuración”, lo cierto es que el sostén policial sigue vigente en el submundo del narcotráfico.

La semana pasada, la Justicia Federal desbarató una banda integrada por un policía de la provincia de Santa Fe, dos gendarmes y tres civiles que mediante una sofisticada logística trasladaba estupefacientes desde Paraguay y Bolivia para distribuirlo en suelo santafesino.

Los vínculos son más intrincado y violentos en el narcomenudeo. A principio de año, un suboficial del Comando Radioléctrico con cuatro años de antigüedad en la fuerza fue apresado por el crimen de una joven cuyo cadáver apareció incinerado en un contenedor.

La investigación judicial determinó que el agente operaba junto a transas de barrio Triángulo en la venta de cocaína y marihuana. María del Rosario Vera, la mujer asesinada, con quien mantenía una relación sentimental, se interpuso en su negocio. El policía, entonces, planificó el crimen. Uno de sus laderos lo ejecutó.

 “Hubo un autor intelectual y uno material. El policía funcionaba como jefe y tomó esa decisión, la cual fue materializada por un tercero”, describió el fiscal Florentino Malaponte al detallar aquella investigación.  

En su relato, el fiscal hilvanó tres hilos de un mismo ovillo: una muerte violenta, la venta de droga y la connivencia policial.