Pasaron tres meses desde el último paro general. Noventa y dos días para ser más exactos. Sindicatos, organizaciones sociales y trabajadores volverán a las calles para protestar por un modelo económico que hace estragos en los sectores bajos y medios.

El reclamo del 25 de junio fue contundente. Quienes marcharon aquel día auguraron “meses aún difíciles” por el empecinamiento del gobierno en no torcer el rumbo de la economía. La Casa Rosada calificó a la medida de fuerza como “irracional” y descartó algún volantazo.

“Claramente no contribuye a nada, no suma, yo no veo que haya habido un gobierno en décadas con tanta preocupación por el empleo y el trabajador y por generar nuevas oportunidades. Hay que seguir haciendo lo que venimos haciendo, es el único camino”, reprochó el presidente Mauricio Macri.  

Lo cierto es que el segundo paro general del 2018 --el cuarto desde que asumió Cambiemos—se concretará con una coyuntura mucho más crítica que la de junio. Todas las variables económicas empeoraron en este breve lapso de tiempo.

El dólar pasó de 27 a 38 pesos (con picos de 42), una devaluación que tuvo un impacto inmediato en la economía real. En junio con un salario mínimo (10 mil pesos) se podrían comprar 370 dólares. Hoy, los trabajadores que tiene ese ingreso cobran 90 dólares menos (260).

La inflación de mayo –último registro al momento del paro del 25 de junio-- arrojó un índice del 2,1% con un acumulado de 12,9% en los primeros cinco meses del año. En ese entonces, el gobierno proyectaba una inflación anual entre el 28 y 30%.   

En agosto, la inflación rozó el 4% y acumuló un 24,3% en el año. Para septiembre, todas las consultoras dan una cifra superior al 5%. Las proyecciones ahora son que 2018 tendrá una inflación total del 45%, la más alta desde 1991.

El 22 de junio, tres días antes de aquel paro, el gobierno recibió el primer desembolso de su acuerdo con el FMI, que giró a las arcas del Banco Central un total de 15 mil millones de dólares.

Ese día, las reservas en dólares pasaron de 48.102 millones de dólares a 63.274. El 18 de septiembre, en su informe diario, el Banco Central informó reservas por 49.214, casi el mismo nivel que antes del primer préstamo del organismo internacional.

El Financial Times, uno de los diarios financieros más importantes del mundo, calificó al desembolso como “un desperdicio de recursos”. El dinero se dilapidó en tres meses para evitar un desequilibrio aún mayor por la enrome fuga de capitales. Ni un solo dólar se destinó a la economía real.

El paro de mañana se celebrará con nuevas negociaciones con el FMI y con un preacuerdo firmado por una ayuda extra del organismo de entre 3.000 y 5.000 millones de dólares. La proyección es que la deuda externa llegará al 82% del PBI a fin de año, una cifra récord.

La desocupación era del 9,1% en junio. La última medición, que se conoció la semana pasada, elevó la cifra a 9,6%, un incremento de casi un punto porcentual respecto del mismo período del 2017.

Según el Indec, poco más de 1.200.000 de personas que habitan en los 31 aglomerados urbanos relevados están desempleadas, unas 150.000 más que hace un año. La población económicamente activa que está sin trabajo es la más alta en 12 años.

En junio, el país contaba con los ministerios de Ciencia y Tecnología, Trabajo, Salud, Cultura, Agroindustria, Ambiente, Energía, Modernización y Turismo. Hoy, algunos se fusionaron con otras carteras y otros bajaron al rango de secretaría. El inédito recorte se justificó ante la necesidad de achicar el Estado en la lucha contra el déficit.  

A mitad de año, ni oficialistas ni opositores imaginaban un presupuesto para el 2019 con una caída del 7,7% en términos reales en materia de gasto nacional.

El único ítem que aumentará por encima de la inflación serán los Servicios de la Deuda Pública (+10%), es decir, los intereses que paga el Estado por la deuda.

El ministerio que más caerá en términos reales será el de Transporte (-46%), seguido por el de Hacienda (-31%). Producción y Trabajo (-17%); Interior, Obras Públicas y Vivienda (-11%); y Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología (-8%). Los tres ministerios que menos baja real tendrán serán los de Defensa (-7,5%); Justicia y Derechos Humanos (-2,5%); y Salud y Desarrollo Social (-0,5%) también retrocederán respecto al 2018.

En junio, las pymes trabajaban con el 59% de su capacidad instalada. La tasa de interés del 45% había dejado a muchos empresarios al borde del precipicio. Ahora, esa misma tasa es del 60%. El gobierno la incrementó en la última corrida bancaria en su desesperación por contener el dólar.

Así como el inversor financiero recibe un 60% de ganancias, los empresarios industriales, que en su mayoría dependen de los créditos, son la otra cara de la moneda: por cada préstamo que piden ahora tienen que pagar una tasa nominal del 60%, que las operatorias del día a día llega, muchas veces, al 80%.

En septiembre, las pymes trabajan con el 50% de su capacidad instalada, con una catarata de suspensiones y con cadenas de pagos virtualmente caídas. Siete de cada diez se financian con descuentos de cheques. “No se puede producir”, plantean con desesperación los referentes locales.

En este lapso de 92 días, el consumo siguió cuesta abajo. Las ventas se derrumbaron en todos los rubros ante un poder adquisitivo cada vez más flaco.

Al cabo, entre uno paro general y otro, el país no solo no mostró signos de mejora sobre su rumbo económico, sino que retrocedió en forma estrepitosa en la mayoría de las variables. Los números y las estadísticas dan cuenta de una brusca devaluación, de una fuerte aceleración de la inflación, de más desocupación, más despidos, más suspensiones, más deuda, nuevos recortes presupuestarios,  menos trabajo, menos consumo, menos producción y menos Estado.