El comité ad hoc de bancos acreedores internacionales de Vicentin solicitó constituirse como querellante en una causa por presuntas estafas iniciada por proveedores de cereales en la Fiscalía de Delitos Económicos de Rosario, en la cual un juez dictó una medida de no innovar que impide la venta de activos.

Los bancos extranjeros, que reclaman acreencias por alrededor de U$S 500 millones en el concurso preventivo de la cerealera, quieren saber si Vicentin presentó “información financiera falsa para obtener créditos por cientos de millones de dólares”.

También plantean que se investigue si la firma incurrió en fraude con al menos uno de los miembros del comité ad hoc, “a través de la asignación de derechos de cobro de contratos de exportación inexistentes o asignados en forma duplicada a más de un acreedor”, según un comunicado de los bancos.

La presentación en la Unidad de Delitos Económicos de Rosario fue realizada en nombre del comité ad hoc de bancos extranjeros de Vicentin por el abogado Guillermo Jorge, del estudio Brouchou, Fernández Madero & Lombardi.

Según el comunicado difundido por el comité de bancos acreedores internacionales, “el análisis de la información financiera de Vicentin SAIC, incluyendo el balance a octubre de 2019 presentado recientemente, nos convenció de la necesidad de investigar si la empresa habría obtenido créditos de los miembros del Comité Ad Hoc ocultando una multimillonaria deuda con los productores agropecuarios. La finalidad de los créditos que obtuvo era, precisamente, la compra de granos”.

De acuerdo a la presentación, presumen que en “lugar de utilizar el financiamiento para comprar granos, Vicentin habría utilizado el dinero para financiar otros negocios familiares que no forman parte del balance de Vicentin SAIC”.

La situación de la compañía

Por su parte, la asamblea de accionistas de la empresa se reunirá para tratar la renuncia de todo el directorio –elevada a mediados de septiembre- y la designación de nuevos directivos, en procura de generar confianza en el mercado para enfrentar el concurso de acreedores, en el que acumula deudas por unos U$S1.400 millones.

La compañía anunció días atrás que contrató al banco de inversión estadounidense Maxim Group para que la “asesore en el proceso de reestructuración” y en la búsqueda de nuevos inversores, así como en el diseño de un plan de negocios para “recuperar la senda de desarrollo”.