Diputados provinciales de la oposición volvieron a criticar al gobierno provincial por los tarifazos en los servicios públicos y adelantaron que presentarán una nueva iniciativa para exigirle al Ejecutivo una serie de “medidas paliativas” para que comercios, pymes y usuarios residenciales no sufran los incrementos de las tarifas.

La diputada provincial Silvia Simoncini (PJ) advirtió que desde enero de 2008 a junio de 2017 las facturas de la luz aumentaron 1060%, en una época en la que energía eléctrica estuvo subsidiada por el Estado Nacional.  Y desde noviembre de 2015 a diciembre del 2017, las tarifas se incrementaron un 262%, cuando en el mismo período los precios aumentaron un 78% y los salarios un 67%.

Además, indicó la legisladora provincial, en 2018 el gobierno provincial estableció aumentos de casi el 40% en la luz y 50% en el agua, mientras decretó un aumento del 18% para los trabajadores estatales y docentes a terminar de cobrar en setiembre y que incluye la cláusula gatillo del año anterior.

“Esto significa que la totalidad de las inversiones de la EPE, más el costo de la energía y el transporte están a cargo de los santafesinos”, apuntó Simoncini, quien también advirtió que “no sólo el gobierno nacional quitó los subsidios, sino que el gobierno provincial ha venido disminuyendo desde hace una década el aporte que realizaba anualmente a la EPE hasta llegar a 0 en este año”.

Para la diputada, “no importa que la inflación y la contracción de los salarios estén haciendo difícil o imposible pagar los montos exorbitantes de las facturas, el gobierno de Santa Fe ha elegido mirar desde afuera y dejar que cada uno se arregle como pueda”.

Simoncini adelantó que “varios diputados de la oposición” se encuentran elaborando un proyecto “que contempla la crítica situación planteada por los vecinos, comerciantes y Pymes ante los tarifazos”, y que apunta a “establecer una serie de medidas paliativas que el gobierno provincial deberá tomar a fin de evitar la pérdida de fuentes de trabajo y mitigar la angustiosa situación de los hogares santafesinos, que ya sufren la política pérdida del valor de sus salarios, sus jubilaciones y pensiones, el incremento desmedido en precios de la canasta básica, de los medicamentos, los combustibles, el transporte, y la amenaza o la penosa realidad de los despidos”.

En ese sentido, la legisladora señaló que “la provincia de Santa Fe tiene un presupuesto de más de 190.000 millones de pesos este año. La decisión política del gobierno provincial debería expresarse en urgentes medidas para resistir estás políticas de expoliación hacia los sectores populares y ponerse como Estado fuerte y solidario, del lado de la gente”.